El 15 de octubre de 2019 el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que daría a cada gobernador aliado del estado de Bolívar una mina de oro para financiar el presupuesto de sus territorios, reiterando con esto la apuesta del régimen de convertir a la minería en el sustento económico del país. Con información de Jorge Cantillo / Infobae.
La decisión de Maduro tenía otra intención, buscar que fueran los gobernadores los encargados de administrar las minas, y con esto ponerle orden a una zona que se le había convertido en completamente anárquica, el Arco Minero del Orinoco (AMO), un área de 111 843,70 km² (el 12% del territorio venezolano) que se extiende por tres estados y cuyas minas han estado históricamente controladas por violentas mafias locales llamadas “sindicatos” que no le son funcionales al régimen.
Lo que no previó el dictador venezolano fue que su decisión no solo no serviría para inyectar de recursos a las gobernaciones, pues estas no tenían ni la capacidad administrativa, financiera, o policiva para controlar y poner a funcionar las minas, ni mucho menos para apaciguar la región, avivando el conflicto entre los sindicatos, las fuerzas institucionales del régimen, y un tercer actor: las guerrillas colombianas aliadas de Maduro.
Esta guerra por el oro venezolano comprende entonces un entramado de actores en conflicto y de intereses políticos, sociales y económicos que ha dejado una estela de muertos y violencia entre la población de los estados mineros, así como una grave afectación a los ecosistemas que comprenden el AMO.
De acuerdo con la ONG Transparencia por Venezuela, todo esto se agrava gracias a la reinante corrupción que hay alrededor del negocio del oro en el país. Estiman, después de una exhaustiva investigación, que “entre el 70% y 90% del oro que se extrae, sale del territorio de manera ilegal en operaciones en las que involucran a funcionarios del alto gobierno y familiares cercanos al entorno presidencial”.
Dicho contrabando ocurre por tierra y aire y llega a países cercanos como Colombia o tan lejanos como los Emiratos Árabes. Según la consultora Ecoanalítica, para 2018, el negocio del oro ilegal representó 2.711 millones de dólares.
No sorprende entonces los intentos de Maduro por controlarlo al 100%.
AMO para superar el petróleo
El Arco Minero del Orinoco (AMO) representa para Venezuela la salida de su dependencia del petróleo, que tras la caída del precio internacional, dejó al país en una profunda crisis económica que lleva años y de la que no parece tener cómo recuperarse.
En el AMO no solo hay oro, sino todo un conjunto de metales preciosos como cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales. Unas 700 toneladas de reservas mineras que según el exministro de gobierno de Venezuela, Roberto Mirabal, tienen un potencial económico de unos 2 trillones de dólares.
El proyecto de establecer una zona de explotación minera que duplicara la faja petrolífera del Orinoco y se extendiera por los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amaruco, fue visionado por Hugo Chávez, quien los anunció en 2011, y retomado en 2016 por su sucesor, Nicolás Maduro, en un intento de superar el golpe por la caída del petróleo y las sanciones económicas que impusieron varios países del mundo, en especial Estados Unidos, contra su gobierno.
El problema para Maduro era que esta zona estaba controlada por pequeños grupos armados, muy violentos, que subsisten de la minería ilegal. Estos grupos, llamados “sindicatos” mineros, que son liderados por pranes (jefes de la estructura criminal), han presentado una fuerte resistencia a los intentos del régimen por acaparar el negocio.
Régimen chavista masacra a indígenas para controlar tierras ricas en oro
Para hacerlo, la apuesta de Maduro era atraer la mayor cantidad de inversión extranjera, otorgando concesiones mineras para explotar los territorios comprendidos en el AMO, muchos de ellos en zona de reserva ecológica y otros que comprenden territorios ancestrales de 190 comunidades indígenas.
La idea era invitar a compañías mineras internacionales para que conformarán empresas de economía mixta con el Estado venezolano, en una proporción del 45% para el privado y el 55% para Venezuela.
El reinado del contrabando
Cuando se anunció la creación del AMO en 2016, Maduro aseguró que más de 150 empresas de 35 países estaban interesadas en asociarse con el Estado y para febrero de ese año se firmaron acuerdos de entendimiento relacionados con el mega proyecto de minería.
Pero ese prometido interés corporativo internacional nunca se concretó y los pocos que sí hicieron negocios con el Estado no invirtieron en operaciones mineras, sino en plantas de procesamiento que usaban técnicas basadas en el cianuro para extraer un mayor porcentaje de otro de la materia prima.
Así lo destaca una investigación de Insight Crime, en la que un ingeniero de minas de la región, citado bajo anonimato, explicó cómo esto permite procesar el oro de una manera más eficiente y ofrece ganancias rápidas pues permite que el metal precioso se extraiga de los relaves (residuos) de operaciones mineras anteriores.
“Cuando se creó (el AMO), el objetivo era que también pudieran explotar y producir oro, pero lo único que hicieron fue poner esas plantas. Pero no tienen minas. Se necesitan minas para tener algo que procesar en las plantas”, dijo la fuente.
En otras palabras, había maquinaria para la cadena de minería, pero no había minería industrial en sí misma, lo que obligó a los actores que controlaban estas plantas a buscar relaves en las antiguas minas de Minerven (Empresa Estatal Minera), o los abandonados por los mineros ilegales, viéndose forzados a negociar con los sindicatos.
El fracaso de este primer enfoque fue evidente, pues había muy pocas empresas mixtas constituidas y los relaves no representaban una ganancia sostenible en el tiempo para el régimen. Entonces el Estado cambió la estrategia y creó las llamadas “alianzas estratégicas”, una forma de concesión minera asignada a empresas o particulares en áreas aptas para explotar por cualquier medio, bajo el compromiso de que a cambio dieran un porcentaje de la producción a la Corporación Venezolana de Minería (CVM), la entidad que se encarga de mantener fluyendo el oro a las arcas nacionales.
Con eso, Maduro abrió otra caja de Pandora, pues CVM es bastante laxa con estas “alianzas estratégicas”, otorgándolas a personas sin experiencia en el área y atrayendo cada vez más actores a zonas como El Callao, donde el negocio estaba ya fuertemente disputado.
De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico para 2019 habían registrados 295 acuerdos de este tipo en Bolívar y al año siguiente ya eran más de 1.000.
“Pero pocos tenían experiencia en minería: eran un montón de compinches militares y oportunistas que querían probar suerte”, destaca Insight Crime.
Como consecuencia el caos aumentó, más actores significa más conflicto, menos controles, y un escenario perfecto para la ilegalidad y el contrabando.
La llegada de las guerrillas colombianas
En junio de 2018 el régimen anunció una ofensiva de seguridad llamada Operación Manos de Metal, dirigida contra el sector del oro ilegal y los sindicatos, traficantes y contrabandistas de oro que habían permitido prosperar en los años anteriores, sobre todo durante el mandato del exgobernador de Bolívar, el general Francisco Rangel Gómez, inmerso en cuestionamientos de corrupción.
Esto produjo un viraje en las relaciones criminales e institucionales de la AMO, pues muchos de los sindicatos locales de Bolívar pasaron de ser aliados a enemigos del Estado.
De acuerdo con el profesor investigador Luis Fernando Trejos, esto puede explicarse porque los militares que tenían influencia en la zona no estaban enviando el grueso de las ganancias del oro al Gobierno Nacional y empezaron a compartir rentas con los sindicatos.
En ese contexto aparece el Ejército de Liberación Nacional (ELN), quien quedó siendo la principal guerrilla colombiana luego de la desmovilización de las FARC-EP en 2016.
El ELN entra a Venezuela por Apure, estado fronterizo con Colombia donde tiene una fuerte presencia desde hace años, y empieza a adentrarse en los estados mineros como Bolívar.
Las investigaciones de Trejos coinciden con lo expuesto por Insight Crime y Transparencia por Venezuela, pues todos señalan que el ELN no solo hizo (y hace) presencia en Bolívar, sino que su entrada estuvo auspiciada por el régimen de Maduro.
