Los propietarios de la Banca Privada de Andorra (BPA) han interpuesto una millonaria reclamación contra el Estado español por la intervención de la entidad financiera tras haber sido exculpada la cúpula de la entidad por los tribunales de un delito de blanqueo de capitales. La demanda, presentada ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional de España y a la que ha tenido acceso EL MUNDO, cuantifica en 141,6 millones de euros los perjuicios ocasionados por la intervención, que afectó directamente a su filial en España, el Banco de Madrid, que acabó desapareciendo. Con información de Esteban Urreiztieta / El Mundo.
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Recuerdan los dueños de la entidad financiera, los miembros de la familia Cierco, que cuando se produjo la intervención, la BPA era un banco privado con presencia en seis países, Andorra, España, Suiza, Luxemburgo, Paraguay y Uruguay, y que a finales de 2014 disponía de unos activos que ascendían a los 1.985 millones de euros. Al mismo tiempo recalcan que su ratio de solvencia era del 15,38%, que «cumplía holgadamente» con los estándares establecidos. En el caso concreto de la filial española Banco de Madrid, contaba entonces con 15,000 clientes, gestionaba 6.000 millones de euros y custodiaba 695 millones en depósitos.
El Banco de España decidió intervenir en marzo de 2015, después de que el Instituto Andorrano de Finanzas (IAF) acordara a su vez la intervención de la matriz en el Principado. Todo ello a raíz de que el Departamento del Tesoro de EEUU considerara que la BPA era una entidad dedicada al lavado de dinero de origen ilícito.
La demanda subraya que casi siete años después de aquella operación, que tuvo una gran derivada judicial en la que se investigó a los propietarios y a sus principales gestores por lavado de fondos, tanto los tribunales como los organismos administrativos han exculpado a la BPA y a su filial española de los delitos que se le atribuyeron.
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Así, recuerda que la Audiencia Provincial de Madrid ratificó el archivo de la investigación judicial contra la cúpula del banco en febrero de 2019 concluyendo que «los controles del banco existían y eran reales». Se basó para ello, subraya la acción judicial, en el peritaje llevado a cabo previamente por el Servicio de Blanqueo de Capitales (Sepblac), que sostuvo que «lejos de favorecer operaciones tendentes al blanqueo de capitales, la cúpula directiva del Banco de Madrid reforzó el sistema de control previsto en la entidad».
En esta misma línea, recalca la demanda que también ha sido archivado recientemente el procedimiento sancionador de carácter administrativo incoado por el Sepblac. Este organismo sostuvo que los procedimientos para combatir el lavado de fondos «eran suficientes» aunque susceptibles de mejoras puntuales». Por lo que considera que incluso en la concesión de los créditos más controvertidos, como el que recibió el mafioso ruso Andrei Petrov, se otorgaron con «los correspondientes informes del órgano de cumplimiento, que no advertían ningún indicio de blanqueo de capitales». Entre sus clientes se encontraba también la familia Pujol, que ocultó durante décadas en el Principado una fortuna por la que será juzgada próximamente, el mafioso chino Gao Ping, destacados jerarcas chavistas o el cártel de Sinaloa.
De esta forma, la familia Cierco arguye que la actuación de las autoridades españolas provocó «un grave e ilegal daño patrimonial» que debe ser compensada. De hecho, la intervención provocó «una situación de pánico bancario» que desembocó en una «retirada masiva de depósitos» de al menos 124 millones de euros en sólo tres días y en la declaración de concurso de acreedores y posterior liquidación de la entidad. «La adopción de medidas por parte del Banco de España debería haber ido encaminada primordialmente a la protección de la entidad y a mantener la confianza en la misma por parte de sus depositantes. Ésa y no otra debe ser la misión del Banco de España como organismo de Derecho Público encargado de promover la estabilidad del sistema financiero español», apostilla.
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En paralelo, los dueños de la BPA han impulsado en Andorra una investigación para que se determine la implicación del Gobierno de Mariano Rajoy en la caída del banco. Para ello han aflorado una grabación en la que ex agregado de Interior en el Principado, Celestino Barroso, presionó al ex consejero delegado de la BPA, Joan Pau Miquel, para que entregara a la Policía todas las cuentas bancarias de líderes independentistas catalanes bajo la amenaza de intervenir la entidad. Barroso emplazó a Miquel a que se reuniera con el entonces comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, y le facilitara la información. El ejecutivo de la familia Cierco relató ante la Justicia andorrana esta cita, que tuvo lugar en el madrileño Hotel Villa Magna, y en la que Martín Blas le reclamó la referida información bancaria.
