La Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente a Emilio Lozoya Austin de ser responsable de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho en el caso Odebrecht, y pidió al juez que ordene la apertura de un juicio oral en su contra en el que sea declarado culpable, y se le impongan penas que, sumadas, ascenderían hasta los 39 años de cárcel. Con información de Arturo Angel / Animal Político.
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En el caso de su madre, Gilda Margarita Austin Solís, los fiscales pidieron que también sea enjuiciada y declarada culpable de lavado y asociación delictuosa, y se le impongan hasta 25 años de prisión.
Tras año y medio de iniciado el proceso, de múltiples posposiciones y de fallidas negociaciones por alcanzar un acuerdo, los fiscales enviaron al juez de control Artemio Zúñiga la acusación por escrito en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, confirmaron a Animal Político fuentes ministeriales.
En dicha acusación, la FGR sostiene que cuenta con pruebas suficientes para demostrar –lejos de toda duda razonable– que Lozoya recibió más de nueve millones de dólares en sobornos de parte de la constructora Odebrecht, dinero que ocultó en empresas fachada y propiedades en colusión con su madre y otros familiares.
A cambio de este dinero, la constructora brasileña se vio favorecida con contratos en la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto, los cuales les fueron entregados sin que tuviera que competir en licitaciones públicas y en condiciones desfavorables para el Estado mexicano. Esto trajo como consecuencia pérdidas millonarias documentadas por la Auditoría Superior de la Federación.
Debido al nivel jerárquico que Lozoya tuvo en el gobierno al ser director de la empresa pública más grande del país, y a su rol protagónico en el entramado delictivo que permitió la llegada de los sobornos y el posterior blanqueo del capital, el Ministerio Público federal considera que deben imponerse las penas máximas que la ley contempla para cada uno de los tres ilícitos que se le imputan.
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En el caso de lavado de dinero (técnicamente denominado operaciones con recursos de procedencia ilícita), el artículo 400Bis del Código Penal Federal establece una sanción que va de los 5 hasta los 15 años de prisión; el delito de asociación delictuosa contemplado en el artículo 164 del mismo código amerita una pena de 5 a 10 años; y el de cohecho referido en el artículo 222 conlleva una pena de los 2 a lo 14 años.
Es decir, de acuerdo con la petición de la FGR, la condena en contra de Lozoya debería alcanzar hasta los 39 años de prisión ya que, además, los fiscales consideran que se trata de ilícitos cometidos de forma independiente y, por lo tanto, las penas deben sumarse y acumularse. La decisión sobre si estas penas son procedentes o no, en caso de que hubiera una sentencia condenatoria, dependerá de un juez especializado en sanciones.
Por lo que respecta a su madre, Gilda Margarita Austin Solís, las penas máximas por los dos delitos que se le imputan suman 25 años. No obstante, de ser declarada culpable, su situación tendría que ser revisada por un juez especializado debido al estado de salud y a su edad avanzada.
Sobre esta acusación, Animal Político solicitó a la defensa de Emilio Lozoya y de su madre algún posicionamiento; sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se habría recibido respuesta.
Fallida negociación
La FGR decidió proceder en contra de Lozoya y de su madre tras considerar que este no ha aportado evidencia suficiente que justifique otorgarle el denominado criterio de oportunidad, que es una especie de “perdón legal” que la ley contempla para personas que cooperen con la autoridad en el esclarecimiento de delitos más graves que los que se le imputan.
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Aunque el exdirector de Pemex presentó una denuncia en contra de altos exfuncionarios de administraciones pasadas y ha aportado evidencia que permite presumir la participación del expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, en posibles hechos de corrupción, estos casos no han logrado consolidarse en procesos en marcha todavía. En consecuencia, las autoridades consideran que no se justifica concederle, por ahora, el criterio de oportunidad.
Las negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo fueron alargando el procedimiento. Tras ser vinculado a proceso a mediados de 2020 el juez dio un plazo original de seis meses para que se definiera si Lozoya sería acusado o si el proceso se suspendía. Pero luego vinieron múltiples prórrogas, en algunos casos solicitadas por la propia FGR, para diferir la definición.
Sin embargo, la situación cambió radicalmente el pasado 3 de noviembre luego de que se difundieran fotografías del exfuncionario cenando en un restaurante de lujo en Polanco. El juez ordenó, a solicitud de la FGR, el encarcelamiento preventivo de Lozoya en el Reclusorio Norte y, por primera vez, los fiscales se negaron a seguir alargando el proceso penal más tiempo.
En dicha audiencia la FGR señaló al exfuncionario de alargar el proceso de manera premeditada para tratar de evadir la justicia, y ahí mismo adelantaron que se presentaría la acusación formal en su contra para llevarlo a juicio. “Todo este tiempo se creyó impune”, le dijo uno de los fiscales en plena audiencia.
Todavía el 8 de diciembre los abogados del exdirector de Pemex intentaron obtener una última prórroga de un mes en este caso bajo el argumento de que les hacía falta tiempo para revisar unos dictámenes, sin embargo, el juez se lo negó de forma tajante y ordenó el cierre de la fase inicial del proceso.
