El Director Ejecutivo de la Autoridad de Inteligencia Financiera de Uganda (FIA), Sidney Asubo, reveló que el país corre el riesgo de ser incluido en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) si el gobierno no enfrenta el tema del lavado de dinero para mayo de 2022. Así lo publica el medio digital de noticias ugandés Chimpreports.
La declaración se produjo durante la comparecencia del funcionario ante el Comité de Finanzas del Parlamento. La Vicepresidenta del Comité, Jane Pacuto, desafió a la FIA a abordar las acusaciones de que una de las razones por las que Uganda ha sido incluida en la lista gris del GAFI es debido a la entrada ilícita de oro de países como Venezuela.
«¿Qué está haciendo su autoridad para abordar esto porque el oro está estrechamente asociado con el lavado de dinero», precisó la Vicepresidenta del Comité de Finanzas del parlamento ugandés.
En marzo de 2019, la agencia de noticias Reuters develó que la Policía de Uganda había decomisado, bajo sospecha de contrabando al no ser declarada en los puntos oficiales de la aduana africana, un cargamento de 7.4 toneladas de oro valuado en unos 300 millones de dólares en lingotes con etiquetas del Banco Central de Venezuela. El cargamento iba a ser procesado en la refinería African Gold Refinery Limited y posteriormente enviado a Turquía, su destino final.
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El director de la FIA reconoció que Uganda es uno de los países que está en la lista gris de ese organismo multilateral por sus deficiencias en el cumplimiento de la legislación y acuerdos internacionales en la prevención del lavado de dinero.
De caer en la lista negra, Uganda no podría recibir asistencia financiera del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Asiático de desarrollo y varias otras organizaciones internacionales.
Otros miembros del Comité de Finanzas también cuestionaron la capacidad en la lucha contra el lavado de dinero de la FIA resaltando que la mayor parte del trabajo es realizado por la fuerza policial.
Uganda se comprometió en 2020, cuando fue incluida en la lista gris, a asumir los compromisos con el GAFI para mayo de 2022. Sin embargo, es poco probable que en ese lapso pueda acometer las reformas y acciones que le exige el organismo internacional: abordar deficiencias estratégicas, buscar la cooperación internacional de acuerdo con e perfil de riesgo país, desarrollar una supervisión basada en el riesgo y asegurar que las autoridades competentes tengan acceso oportuno a información básica y de propiedad real de personas jurídicas, entre otros temas pendientes.
