La fiscalía anticorrupción ha remitido a sus homólogos andorranos el escrito de acusación contra el presunto líder de la mafia china en España, Gao Ping, para ayudarles a acreditar el delito de blanqueo de capitales por el que está sentado en el banquillo el ex consejero delegado de la Banca Privada de Andorra (BPA) Joan Pau Miquel y otros 23 procesados en el juicio que se está celebrando ahora en el Principado.
La relevancia del documento aportado por anticorrupción estriba en que acusa de blanqueo de capitales a Sergi Fernández Genés, entonces director de Banca Privada Internacional de BPA, a quien el ministerio público otorga un papel fundamental en el lavado de dinero para la organización criminal china. De hecho, solicita para él en España 11 años de cárcel y más de 50 millones de euros en multas por los delitos de organización criminal, blanqueo y falsedad en documento mercantil.
La colaboración entre los ministerios públicos de ambos países no es nueva. Se realiza por el sistema de ayuda judicial internacional conocido como comisión rogatoria. A una primera cursada en 2015 se ha sumado ahora, según informan fuentes fiscales a este diario, una segunda, con el escrito de acusación en el que se pide 47 años de prisión para el líder de la trama china desarticulada por la Audiencia Nacional, Gao Ping.
BLANQUEO Y ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Fernández Genés fue arrestado en Andorra en 2012 en el seno de la Operación Emperador al considerar el juez que inició la instrucción de la causa, Fernando Andreu, que este empleado de banca formaba parte del entramado creado presuntamente por la organización de Gao Ping para la evasión fiscal y de capitales y, finalmente, el blanqueo de capitales desde al menos 2011.
La acusación contra Fernández Genés está íntimamente relacionada con la de Rafael Pallardó Calatrava, quien, según una de las libretas intervenidas en la causa, entre el 13 de febrero de 2011 y el 6 de diciembre de 2012 habría blanqueado 14.000.000 euros, por los que cobró una comisión de 180.000 euros. Para ello, además del movimiento de grandes cantidades de efectivo, según la fiscalía española, utilizaba entidades andorranas.
Por eso anticorrupción pide para Rafael Pallardó Calatrava un total de 15 años de prisión por los mismos delitos que se le atribuyen a Fernández Genés, entre los que figura el blanqueo de capitales
El mayor juicio de la historia de Andorra: el Estado contra BPA
BLANQUEO DE CAPITALES
El banco BPA fue intervenido en 2015 por el Gobierno del Principado de Andorra al ser acusados sus directivos de blanqueo de capitales procedentes de ciudadanos venezolanos, rusos y chinos, como es el caso de la trama presuntamente liderada por Gao Ping. Sin embargo, el Código Penal andorrano no prevé la imputación de las personas jurídicas, por lo que BPA no ha sido investigada formalmente.
En España, los anteriores dueños de la BPA, los hermanos Higini y Ramón Cierco, han presentado una demanda en la Audiencia Nacional en la que reclaman que el Banco de España los indemnice con 141 millones por provocar la liquidación del Banco Madrid por blanqueo, una acusación que fue archivada en un juzgado de Madrid.
102 PERSONAS EN EL CASO EMPERADOR
Precisamente este martes el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó la apertura de juicio oral contra la supuesta macroorganización criminal liderada por Gao Ping a quien se le acusa de desplegar una “actividad sistemática” de fraude fiscal y blanqueo de capitales entre 2010 y 2012. El magistrado ha sentado en el banquillo en total a 102 personas, entre ellas el actor de cine de adultos conocido como «Nacho Vidal».
En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 acordó abrir juicio oral de acuerdo con los escritos presentados por la fiscalía y la Abogacía del Estado por delitos de organización criminal, cohecho pasivo, cohecho activo, amenazas, detención ilegal, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil, organización criminal, tenencia de moneda falsa y delito contra la propiedad industrial.
En el caso de Gao Ping y otros dos líderes de la red mafiosa, los también ciudadanos chinos Lizhen Yang y Weizhen Yang, el juez les impone a cada uno el pago de fianzas por más de 103 millones en concepto de multas y costas, a los que deberán hacer frente en el plazo de diez días. Estos tres investigados, además, junto con otros diez, deberán garantizar de forma solidaria, en concepto de responsabilidad civil, la suma de 22,4 millones.
