Suspendidos hasta nuevo aviso. Así quedaron tres juicios que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) celebraría en marzo en relación con la situación de las obras inconclusas de Odebrecht en Venezuela que el Estado adjudicó a la constructora brasileña, refiere Transparencia Venezuela.
El 10 y 17 de marzo la Sala Político Administrativa tenía agendadas tres audiencias orales y públicas relacionadas con las demandas de nulidad que los representantes de Odebrecht interpusieron en noviembre de 2020 contra el Ministerio del Transporte, por su decisión de rescindir, un año antes, de manera unilateral los contratos para construir el segundo Puente sobre el Lago de Maracaibo, el tercer Puente sobre el río Orinoco y para la puesta en marcha del sistema ferroviario Caracas-La Guaira-Guatire. Sin embargo, en la web del máximo juzgado se anuncia que dichos actos han sido aplazados indefinidamente.
El caso relacionado con el segundo Puente sobre el Lago de Maracaibo, también conocido como Puente Nigale, está en manos de la presidenta de la Sala, magistrada María Carolina Ameliach. Por su parte, el referido al tercer Puente sobre el Orinoco lo tiene la magistrada Eulalia Guerrero y, el último, lo conoce el magistrado Marco Antonio Medina.
Feria de millones para Odebrecht en Venezuela
En abril pasado la Sala Político Administrativa del TSJ decidió revisar las demandas que los representantes de la constructora Odebrecht interpusieron contra el Estado venezolano, aunque rechazó suspender provisionalmente la decisión de anular los contratos, por considerarlo un “adelanto de opinión”.
Odebrecht culpa a las autoridades venezolanas de no haber podido culminar estas obras de gran relevancia en los tiempos previstos, pues sostiene que no recibieron los pagos requeridos en los lapsos acordados.
Así, en el caso del segundo puente sobre el Lago de Maracaibo Odebrecht recordó que el proyecto total – que incluía no solo el elevado, sino que la obra tuviera capacidad para permitir el tránsito de vehículos y de trenes– había sido presupuestado en USD 3.100.000.000 y que el anticipo acordado con las autoridades era de USD 634.000.
No obstante, “a partir del año 2015 comenzó una progresiva disminución de la asignación de los recursos financieros para la ejecución de los diversos contratos de obras suscritos entre el Estado venezolano y la sociedad mercantil Constructora Norberto Odebrecht, S.A., ello en el marco de lo previsto en la Ley Especial de Endeudamiento Anual y la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal dictadas en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. En ese contexto, la compañía indicó que en 2016 se produjo una cesación de los pagos de las valuaciones aprobadas por el Ministerio para el Transporte, hecho que -a su decir- imposibilitó el inicio de la obra”, aseguró la empresa, de acuerdo al recuento que figura en el fallo donde el máximo juzgado admitió la demanda
El mismo argumento fue empleado por la empresa para explicar la no culminación del tercer puente sobre el Orinoco o del tren que uniría la capital con La Guaira y Guatire.
El Informe Odebrecht 2018 publicado por Transparencia Venezuela, y para el cual se revisaron los presupuestos nacionales, las leyes de endeudamiento, créditos adicionales publicados en Gaceta Oficial e informes de distintos organismos públicos, arrojó que el Estado venezolano había cancelado a la constructora más de USD 13.000.000.000 por 18 obras, entre ellas el segundo puente sobre el Lago y el tercero sobre el Orinoco.
Sin embargo, el Ministerio Público durante la gestión de Luisa Ortega Díaz elevó el monto pagado a Odebrecht hasta USD 30.000.000.000.
