Entre 2006 y 2010 el mercado de permuta en Venezuela fue una ventana de desahogo para el férreo régimen de control de cambio impuesto por Hugo Chávez tras la huelga petrolera de 2002-2003. Pero la medida paliativa terminó por ser una orgía de miles de millones de dólares para un puñado de funcionarios o corredores de bolsa que en la práctica quemaron los recursos extraordinarios de un boom petrolero que no se repetirá. Algunos de esos actores ocultaron sus ganancias con la venia del Credit Suisse. Así lo reseña un reportaje de OCCRP y Armando Info.
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La página de Leonardo González Dellán en la red social LinkedIn lo promociona como empresario y restaurador. Por otro lado, un boletín de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo calificó en su momento de “testaferro”, un prestanombres financiero que ocultaba dinero para políticos venezolanos corruptos. Pero para el gigante bancario mundial, Credit Suisse, tenía otro apodo: cliente.
González Dellán fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos en 2019 por su presunto papel en la gestión de cuentas a través de las cuales se pagaron sobornos a políticos venezolanos como parte de una trama de corrupción por valor de 2.400 millones de dólares.
Mucho antes de ser sancionado y según lo describe New Europe, una publicación en línea donde escribe con frecuencia, González Dellán fue pionero en el controvertido programa de control de divisas de Venezuela y el complicado mercado paralelo basado en bonos al que dio lugar. El sistema, centrado en las casas de bolsa, permitía a los inversores utilizar métodos de arbitraje entre dos tipos de cambio artificiales. Muchos ganaron miles de millones de dólares que luego fueron desviados de Venezuela hacia bancos suizos, condominios en Miami y yates y coches de lujo.
La filtración que ha dado origen a los Suisse Secrets, con datos bancarios del Credit Suisse facilitados al periódico alemán Süddeutsche Zeitung -y trabajados por la plataforma de investigación Occrp (por Organized Crime and Corruption Reporting Project) y otros 46 medios de comunicación de todo el mundo-, ha permitido identificar que muchos actores participantes en las operaciones de ese mercado cambiario guardaron altas sumas de dinero en el banco suizo.
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Los años de funcionamiento del llamado mercado de permuta, entre 2003 y 2010, pueden ser descritos como los «años salvajes», un guiño al frenesí que desató entre los brokers financieros las operaciones con bonos emitidos por el Estado venezolano. Al inicio de la instalación del control de cambio, en 2003, las empresas en Venezuela, que generalmente hacían negocios facturados en dólares estadounidenses, obtenían las divisas a través de una asignación gubernamental. Sin embargo, el régimen de Hugo Chávez, reconociendo que este sistema por sí solo no iba a satisfacer la demanda, decidió permitir lo que era, de hecho, un mercado negro de dólares para abordar el problema.
Se permitió a las empresas acudir a las casas de bolsa y comprar bonos del Estado en bolívares al doble de la tasa oficial. La casa de bolsa los cambiaba con otra casa de bolsa por bonos denominados en dólares a través de un vehículo extraterritorial, los vendía en el mercado internacional, y devolvía los fondos al comprador inicial.
El proceso de reventa se asemejaba al mecanismo que en los mercados de divisas se denomina en inglés swap. Así que en el mercado venezolano se le bautizó con un sinónimo castellano: permuta. A finales de la década de 2000, el gobierno de Venezuela alimentó activamente el sistema de permuta emitiendo su propia deuda a través de este mercado no oficial en forma de las llamadas notas estructuradas: bonos de alto riesgo denominados en bolívares que podían cambiarse por deuda venezolana denominada en dólares y negociada internacionalmente.
Los bancos venezolanos también vendían estas notas estructuradas a bancos internacionales como el Credit Suisse, que a su vez las vendían a los inversores. Los intermediarios podían comprar y vender en diferentes mercados, buscando ventajas en las diferencias de cambio -una práctica financiera llamada arbitraje- con grandes beneficios, y la naturaleza extraterritorial de estas transacciones atrajo a actores sin escrúpulos que buscaban abusar de las oportunidades en ese sistema.
«Básicamente destruyó la economía. Al final, solo estaban regalando dinero», dijo un destacado economista venezolano a Occrp, pidiendo el anonimato por miedo a las represalias del gobierno del país al ser consultado sobre la deriva de este proceso.
En ese momento -en medio de la bonanza petrolera y el desenfrenado gasto público chavista- la impunidad se enseñoreaba en Venezuela y los grandes bancos suizos, como el Credit Suisse, recibieron a los clientes venezolanos con los brazos abiertos. Algunos clientes venezolanos poseían fortunas por valor de varios cientos de millones de francos suizos en la entidad. Entre esos clientes se encuentran dos hombres nombrados como co-conspiradores en un escándalo de soborno de 2.400 millones de dólares, varios actores implicados en un esquema Ponzi de 700 millones de dólares, y otros acusados de robar las identidades de al menos un millar de sus compatriotas. Solo las cuentas de esos personajes alcanzan un valor estimado conservador de más de 500 millones de francos suizos (alrededor de 544.7 millones de dólares, al cambio actual).
