El pasado miércoles la senadora electa de Colombia Piedad Córdoba fue retenida en Honduras, luego de que intentara salir del país con unos 68.000 dólares que no habrían sido declarados, informó en un comunicado el Instituto Nacional de Migración del país centroamericano.
La senadora fue detenida en el aeropuerto de Palmerola, en la ciudad de Comayagua, unos 90 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
Según el comunicado, Piedad Córdoba dijo que el dinero pertenece «a un empresario colombiano que reside en la ciudad de Tegucigalpa, quien está siendo citado por la Fiscalía del Estado de Honduras para que rinda su declaración y que se siga el procedimiento de ley correspondiente».
Córdoba, quién les negó a varias fuentes que lograron contactarla que estuviera retenida agregó que el dinero «es fruto de un contrato de asesoría».
La Senadora retó a sus detractores a que le pregunten a Sánchez si es verdad que él le pagó ese dinero. “El que quiera puede llamar a Mauricio Sánchez y él mismo les dice. Esto no es un trabajo de un día, es un trabajo que venimos haciendo. Me debían la plata y me la pagaron aquí (Honduras)”, agregó la copartidaria del Pacto Histórico, la coalición dirigida por el candidato presidencial Gustavo Petro.
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Por ahora, el dinero incautado, que en pesos colombianos sobrepasa los 220 millones, seguirá en manos de la justicia de la nación hondureña, mientras que se busca identificar si Sánchez fue el que le dio la estrafalaria suma a la cuestionada e investigada parlamentaria colombiana.
La Fiscalía de ese país, por su parte, también se refirió a las versiones entregadas por Córdoba donde decía de dónde había sacado el dinero y pusieron en tela de juicio las informaciones que esta entregó tras el escándalo. “En su primera versión, ella dijo que el dinero era de un empresario colombiano residente en Tegucigalpa, la segunda versión fue que no sabía que llevaba el dinero y la tercera es que los recursos forman parte del pago de una consultoría”, señaló el ente acusador de Honduras, en testimonios recopilados por la prensa internacional.
En su país, Córdoba ha sido vinculada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por lo que fue sancionada en 2010 por la Procuraduría General, una decisión que quedó anulada en 2016.
Durante esos años, pregonó su inocencia y dijo que solo tuvo nexos con las FARC para conseguir la liberación de políticos, militares y policías secuestrados por la guerrilla.
Tras el final de su inhabilitación para ejercer funciones públicas, el 13 de marzo fue elegida senadora por el movimiento “Pacto Histórico”, que impulsa la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia en los comicios del 29 de mayo.
