Un juzgado de Madrid tomará declaración el próximo 26 de septiembre al ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, Javier Ochoa Alvarado, como presunto perjudicado de la red policial que ofreció supuestas influencias en la administración española a cambio de grandes sumas de dinero e información sobre el financiamiento del partido político Podemos.
Ese mismo día también declarará Carlos Aguilera, ex director de servicios de Inteligencia en Venezuela.
Según la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, la red está conformada principalmente por policías nacionales y locales, abogados y un exmilitar.
Los ahora acusados se habrían aproximado a varios ex altos funcionarios venezolanos “con el fin de solicitarles dinero a cambio de hacer valer la supuesta capacidad de influencia ante organismos públicos, como el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales -Sepblac- o la propia Policía Nacional”, para “solucionar los problemas” que tendrían por estar siendo presuntamente investigados.
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Además de pedirles dinero a cambio de dichas influencias, los miembros de la red estaban interesados en que se les proporcionase información sobre el partido político Podemos y sus posibles vínculos con Venezuela, entre otras informaciones.
Esta información fue facilitada a la juez de la Audiencia Nacional que investiga el presunto saqueo de fondos a Petróleos de Venezuela y el supuesto blanqueo de dicho dinero en España, ya que varios de los excargos venezolanos presuntamente estafados figuran como investigados en el denominado caso PDVSA.
La red policial habría contactado, entre otros, al exviceministro de Venezuela Energía Nervis Villalobos; a la extesorera del país sudamericano y enfermera del presidente fallecido Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén; y a su esposo el exjefe de Seguridad del difunto presidente, Adrián José Velásquez Figueroa.
