Así lo considera la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que desestima la petición de Raúl Morodo, del ex embajador de España en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez, acerca de que se investigase el origen de las pruebas en las que se apoyó la Policía Judicial para actuar contra él.
No se puede cuestionar la legitimidad de la UDEF para analizar la información proporcionada por el SEPBLAC
El auto del alto tribunal razona que la UDEF se apoya en fuentes fiables en su investigación por el supuesto cobro de 4.5 millones de euros en comisiones irregulares de la petrolera estatal PDVSA que dirigía Rafael Ramírez. Frente a la tesis del exembajador, que asegura que la Policía Judicial obtuvo documentación sin el debido control judicial, los magistrados replican que las fuentes de prueba provienen de entes de absoluta fiabilidad, como es el caso del SEPBLAC (unidad de inteligencia financiera de España).
No se investigará a la UDEF
Los magistrados explican que la Ley es clara y permite a la Unidad de Inteligencia Financiera emitir informes ante sospechas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo para su posterior investigación por el órgano que competa. «No se puede ahora cuestionar aquí la legitimidad para analizar la información proporcionada por el SEPBLAC. Debemos recordar que fue la fuerza actuante la que solicitó al juez a quo la expedición de mandamientos requiriendo a diversas entidades precisamente la misma documentación bancaria que manejó en sus informes», recoge el auto.
Los contratos con PDVSA
De esta forma tanto el instructor como la instancia superior respaldan el trabajo de la Policía Judicial que mantiene en la diana tanto al exembajador español en Venezuela como a su círculo más cercano por el cobro de comisiones irregulares entre los años 2011 y 2015 que provendrían de la principal petrolera del país y se habría canalizado a través de empresas pantalla controladas por el entramado.
El exviceministro de Energía Nervis Villalobos del Gobierno de Hugo Chávez compareció en calidad de testigo en septiembre para responder acerca de la documentación que atesoraba en su domicilio relativa a unos contratos de Morodo con PDVSA y que los agentes encontraron durante un registro.
Villalobos explicó que dicha documentación se la facilitó el integrante de la conocida ‘policía patriótica’ Bonifacio Díez Sevillano el cual le habría ofrecido este material en su objetivo por conseguir que exjerarcas del chavismo afincados en España colaborasen en algunas pesquisas abiertas en la Policía de Eugenio Pino. Una de ellas afectaba a diversas empresas venezolanas que tenían sus fondos en Banca Madrid, antigua propietaria de la Banca Privada de Andorra.
La Udef acusa a Morodo de pagar comisiones a un ex alto cargo chavista
Delito fiscal
«En relación con la documentación que la policía incorporó a su informe de 5 de marzo como consecuencia de un hallazgo casual en la entrada y registro practicada en el curso de otras diligencias judiciales, no cabe duda de que dicha incorporación a la causa estaba amparada por dicho hallazgo», señalan los magistrados.
De esta manera la causa penal que arrancó en 2019 encara su recta final contra todos los imputados, cuyo patrimonio se ha rastreado en países como Suiza. Las pesquisas de los últimos meses, centradas en el movimiento de cuentas del clan Morodo, pusieron el foco en la mujer del exembajador español en Venezuela, Cristina Cañeque. El juez Abacsal ha pedido ampliar la pericial de Hacienda sobre sus fondos tras constatar que podría haber cometido delito fiscal al no declarar parte de los ingresos canalizados en su sociedad MS Trading España S.L
