La titular del Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid tomará declaración este viernes al exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa y a Carlos Aguilera como presuntos perjudicados de la red policial que ofreció supuestas influencias en la Administración española a cambio de grandes sumas de dinero e información de Podemos.
Estaba previsto que estas declaraciones se celebrasen entre el 30 de junio y el 1 de julio, y luego este lunes, pero la magistrada estimó pertinente aplazar la citación ante los cierres y controles que se preveían, por la cumbre de la OTAN, en el Paseo de la Castellana, donde se encuentra ubicada la sede del Juzgado.
Además de estas citaciones, la magistrada tiene pendiente de tomar declaración a las 13 personas que figuran como imputadas por ser presuntos miembros de la red policial que se investiga por supuestos delitos de estafa y/o extorsión. Todos tendrán que declarar el 6 de octubre. Las 30 empresas que constan como investigadas aún no tienen fecha fijada.
Según indica la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, la red que se investiga ahora está conformada principalmente por policías nacionales y locales, abogados y un exmilitar.
Los ahora acusados se habrían aproximado a varios venezolanos que estaban relacionados con actividades de blanqueo «con el fin de solicitarles dinero a cambio de hacer valer la supuesta capacidad de influencia ante organismos públicos, como el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales –Sepblac– o la propia Policía Nacional», para «solucionar los problemas» que tendrían por estar investigados, según los informes que obra en la causa.
Además de pedirles dinero a cambio de dichas «influencias», los miembros de la red policial también estaban «interesados» en que se les proporcionase «información sobre el partido político Podemos y sus posibles vínculos con Venezuela, entre otras informaciones».
Esta información fue facilitada a la juez de la Audiencia Nacional que investiga el presunto saqueo de fondos a Petróleos de Venezuela y el supuesto blanqueo de dicho dinero en España, ya que varios de los excargos venezolanos presuntamente estafados figuran como investigados en el denominado ‘caso PDVSA’.
La red policial habría contactado, entre otros, al exviceministro de Venezuela Energía Nervis Villalobos; a la extesorera del país sudamericano y enfermera del presidente fallecido Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén; y al exjefe de Seguridad del mandatario bolivariano, Adrián José Velásquez Figueroa.
