La titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid ha tomado el pasado viernes las primeras declaraciones en la causa abierta al ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, Javier Alvarado Ochoa, como testigo y presunto perjudicado de la red policial que ofreció supuestas influencias en la administración española a cambio de grandes sumas de dinero e información sobre el financiamiento del partido político Podemos.
En la causa consta un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción elaborado en 2020, que explica que el «modus operandi» de la trama era «aproximarse a ciudadanos venezolanos que pudieran estar relacionados con actividades de blanqueo de capitales con el fin de solicitarle dinero a cambio de hacer valer la supuesta capacidad de influencia ante organismos públicos, como el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales o la propia Policía Nacional».
Según este informe los presuntos integrantes de la trama son, entre otros, un policía municipal de Madrid, un exmilitar israelí, un inspector de Policía Nacional, un abogado estadounidense y otro español, así como un miembro de la Ertzainza ya jubilado y destinado en la Secretaría de Estado de Seguridad en el momento de los hechos.
«Este grupo de personas recibió a través de las estructuras de blanqueo de capitales proporcionadas por la organización criminal investigada millones de euros procedentes de ciudadanos venezolanos relacionados con actividades delictivas», detalla el informe.
El pasado viernes declararon ante la magistrada el exviceministro Javier Alvarado Ochoa, como testigo y perjudicado, y el empresario Dimas Antúnez como testigo, al ser la persona que, tras denunciar un incidente en su coche, dio pie a que la Policía investigara el supuesto entramado.
Alvarado Ochoa ha sostenido que, como ya dijo ante los investigadores de la Policía Nacional, en 2015 estaba en Estados Unidos pero quería venir a España y un letrado le explicó que conocía un grupo «que podría evitar la eficacia de las posibles órdenes de búsqueda contra él» y facilitar gestiones relacionadas con la nacionalidad, y uno de los policías implicados le pidió por ello 1,5 millones de euros, han detallado fuentes jurídicas.
Finalmente, al sentirse extorsionado, dio 40.000 euros a uno de los policías implicados y dijo que no quería sus servicios.
Javier Ochoa Alvarado testificará en caso de red de extorsión a exfuncionarios venezolanos
El exviceministro ha confirmado que, gracias al abogado José Aliste, mantuvo reuniones con altos funcionarios policiales, como el entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano y el entonces comisario Jefe de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, José Manuel García.
A estos mandos les dio información sobre personas y empresas supuestamente vinculadas a casos de corrupción en España, y los policías le pidieron información de Podemos.
Alvarado ha precisado no supo más sobre esos documentos que entregó hasta que, sorprendentemente, meses más tarde vio parte de ellos: el despacho de Baltasar Garzón, Ilocad, los usó en su contra en la causa sobre el presunto blanqueo en España de fondos procedentes del saqueo de PDVSA, que aún se sigue en la Audiencia Nacional.
Por otro lado el empresario Dimas Antúnez ha corroborado su declaración ante la Policía: él era un asesor y en 2015 trabajó para unos clientes -policías ahora investigados en la causa- cuyo negocio era intentar recuperar un dinero titularidad de tres ciudadanos venezolanos, entres ellos Alvarado Ochoa.
La magistrada retomará las declaraciones el próximo jueves, cuando está previsto que declaren los investigados.
