El ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa ha pedido a la juez del caso Caranjuez, en el que se le investiga como presunto perjudicado de la red policial que ofreció supuestas influencias en la administración española, a cambio de grandes sumas de dinero e información sobre el financiamiento del partido político Podemos, la declaración en calidad de testigo o de investigada de la fiscal de EEUU Sarah Edwards por ocultar información clave sobre la corrupción en Venezuela ante un gran jurado de Houston.
El abogado de Alvarado ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción 29 de Madrid, que llame a declarar a la fiscal Sarah Edwards por «formar parte del equipo de la red de extorsionadores», según han declarado varios perjudicados en la causa. «La fiscal Edwards fue identificada en las declaraciones tanto de Carlos Aguilera –ex miembro del servicio de Inteligencia de Venezuela– como de Javier Alvarado, como la fiscal de EEUU a la que el investigado Martin Rodil, el abogado venezolano-estadounidense cabecilla de la red investigada, hacía alusión como la persona de su equipo en Norteamérica», recalca el escrito.
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El testigo y perjudicado Alvarado envió un correo electrónico a esta fiscal el 19 de julio de 2018 con un total de 24 documentos sobre la corrupción en Venezuela. Lejos de investigarlos, terminaron siendo utilizados para solicitar a la Audiencia Nacional la extradición a Estados Unidos de este ex viceministro de Chávez. La petición usó como punto de partida un dato erróneo, puesto que afirmaba que Javier Alvarado había obtenido la nacionalidad española el 30 de enero de 2019. Sin embargo, el abogado del testigo asegura que su cliente obtuvo la nacionalidad el 5 de diciembre de 2017.
«Basta con una consulta en el Registro Civil para constatar dicha afirmación», señala.
