El operador financiero Luis Fernando Vuteff, salió en libertad condicional este martes 25 de octubre tras pagar 200.000 dólares de fianza impuesta por una corte de Miami, Estados Unidos, donde se le investiga por presunto lavado de dinero.
La información fue confirmada por el periodista de AP Joshua Goodman a través de su cuenta en Twitter.
Vuteff está investigado por EEUU por cargos de lavado de dinero por su presunta participación el en esquema de corrupción donde supuestamente malversó 1.200 millones de dólares provenientes de PDVSA, en el que están involucrados los prófugos Raúl Gorrín y Francisco Convit.
El 12 de julio, el empresario y Ralph Steinman fueron acusados en EEUU por esta trama de corrupción, alegando que ambos «conspiraron con otros para lavar las ganancias de un esquema de soborno ilegal utilizando el sistema financiero estadounidense, así como varias cuentas bancarias ubicadas en el exterior».
Si son encontrados culpables, pueden enfrentar una sentencia de hasta 20 años de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero.
A Luis Fernando Vuteff lo arrestaron en España a mediados de octubre de 2018 en medio de la Operación Carabela contra el blanqueo de capitales provenientes de la corrupción en Venezuela, según se reportó entonces en la prensa de ese país. La acción también condujo a la captura del exvicemistro de Energía Eléctrica Nervis Villalobos y a la incautación de más de 130 inmuebles en Madrid y Marbella valorados en más de 72 millones de euros.
Posteriormente, la justicia española ordenó prisión preventiva para él y Villalobos. Luego de ser beneficiado con libertad condicional mientras enfrentaba un proceso en su contra, salió ilegalmente a Suiza donde fue nuevamente detenido el 25 de junio de 2022, ya enfrentando una solicitud de extradición a EEUU. El 19 de agosto fue enviado a ese país.
Las autoridades estadounidenses, que identifican el caso como la Operación Money Flight, aseguran que al menos 600 millones de dólares fueron obtenidos abusando del sistema de control de cambios de Venezuela, una herramienta que permitió que el valor de la inversión inicial aumentara dramáticamente, y que los acusados pretendían malversar al menos otros 600 millones de dólares más.
