En un contexto marcado por la necesidad de evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la petrolera estatal venezolana, optó por una táctica controversial: delegar la comercialización de su crudo a casi un centenar de intermediarios. Estas empresas, muchas de las cuales emergieron de jurisdicciones con regulaciones opacas y presentaban perfiles cuestionables, incluyendo posibles vínculos con figuras asociadas al régimen venezolano, han sumido a Pdvsa en una complicada situación financiera. Desde 2019, se acumula una deuda de más de 8.000 millones de dólares, una cifra que representa una porción significativa de los ingresos esperados por la venta de petróleo. Con información de Armando Info.
La estrategia, dirigida por el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y el Vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, Antonio Pérez Suárez, ha revelado sus fisuras a través de documentos internos y análisis de expertos, dejando al descubierto la magnitud de las «cuentas por cobrar» que ascienden a 8.406 millones de dólares. Este monto destaca por ser el 80% de los ingresos que la compañía debería haber registrado en el período comprendido entre 2019 y agosto del año en curso.
Entre los intermediarios figuran empresas como M and Y Trading, con sede en Hong Kong, y United Petróleo Corp, establecida en Panamá, ambas con deudas millonarias pendientes con Pdvsa. Además, se identifican a actores como Alex Saab Morán, Álvaro Pulido Vargas, y Joaquín Leal Martínez, quienes, bajo diversas modalidades de compensación, han participado en este entramado de comercialización.
La situación se extiende a compañías como Walker International Dw-Llc, registrada en Emiratos Árabes Unidos, con una presunta vinculación a los hermanos Bernardo y Tadeo Arosio Hobaica, y Montmagastre Ventures Ltd, asociada a Majed y Khaled Khalil Majzoub, quienes han mantenido una relación contractual con Pdvsa a través de diversas figuras y esquemas comerciales.
Este complejo panorama no solo refleja los desafíos y riesgos asociados a las estrategias de evasión de sanciones, sino también las profundas implicaciones financieras y legales que enfrenta Pdvsa en su intento por mantener flujos de ingresos en un contexto internacional adverso.
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