El abogado José Aliste, investigado en el caso Caranjuez, aseguró que el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, solicitó a su cliente Javier Ochoa Alvarado, información sobre la supuesta financiación chavista de Podemos.
El testimonio del abogado José Aliste confirma que agentes de la policía viajaron a Nueva York después de que el ex ministro venezolano Javier Alvarado Ochoa aportara un documento en el que se financiaba supuestamente con 32 millones de dólares a Podemos.
Javier Alvarado declaró sobre la red de extorsión que funcionó en EEUU y España
“Le preguntaron directamente [a Alvarado en la DAO] si tenía o podía tener información sobre la financiación de Venezuela”, explicó Aliste el pasado 6 de octubre en el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, “Dijo ‘sí yo puedo conseguirle datos de financiación del partido. Bueno, perdón matizo, no era partido Podemos”, relató precisamente a preguntas del abogado de Podemos que ejerce de acusación popular.
Días después Alvarado volvió a reunirse en dependencias policiales: “Consiguió un punto de cuenta firmado por Chávez, Rafael Isea, exministro y tres personas que estaban en una fundación o que podían ser el germen de Podemos”. Preguntado por qué tres personas aclara que son el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y los fundadores y profesores de universidad Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge. “Ese punto de cuenta decía que se financiara con 32 millones de dólares a Podemos para que buscasen la creación de un partido político que fuese más proclive al régimen bolivariano”, señaló Aliste.
“Me consta que eso era auténtico y para eso me parece que fueron a tomarle una declaración a Nueva York al señor Isea”, relata y añade que el exministro venezolano ratificó todo a los policías españoles, incluido que él mismo como responsable de finanzas había pagado los primeros cuatro millones. De todos esos “alrededor de 1.000 documentos” que Alvarado aportó en dos reuniones con Pino y en las que, según el testimonio, también estaban colaboradores de la llamada “policía patriótica” como Bonifacio Díaz o Miguel Ángel Fuentes Gago, no quedó huella de entrada oficial en la Policía ni se levantó acta oficial. Aunque según el abogado sí se introdujo en el sistema de registro de los agentes (GATI).
Todas las declaraciones de los investigados ante la jueza del caso tratan de desvincularse de cualquier rastro de irregularidad sobre los cobros que percibieron de los funcionarios venezolanos. Las pesquisas se centran en si un grupo de policías, el mencionado abogado y un exmilitar israelí-español cobraron más de tres millones de euros a cambio de acomodar causas judiciales en España o conseguir nacionalidad y arreglos en banco para estos altos cargos que huían del régimen chavista.
Los alegatos coinciden en algunos puntos como que el abogado Martín Rodil (que también estaba citado, pero que se encuentra en EEUU y no compareció) era el vínculo desde el extranjero con el ex militar Alberto Galán (conocido como ‘Avi’) que a su vez fue punto de conexión entre Aliste, algunos ex ministros venezolanos y el resto de los policías.
