Durante más de dos años, casi desde el momento de su arresto por orden de arresto de Estados Unidos, Alex Saab ha insistido en que es un diplomático venezolano perseguido por su trabajo ayudando al país sudamericano a eludir las sanciones económicas estadounidenses.
A partir de esta semana, el empresario nacido en Colombia tiene la oportunidad de probar esa afirmación ante un juez federal en Miami encargado de sopesar las pruebas que supuestamente respaldan su estatus diplomático.
Un puñado de manifestantes que portaban la bandera venezolana y carteles que decían “Libertad para Alex Saab” se pararon afuera el lunes mientras un gran contingente de fiscales y abogados defensores llevaban pilas de carpetas presentadas en el juzgado federal de Wilke Ferguson en el centro de Miami.
Saab, de 50 años, fue sacado de un avión privado en el verano de 2020 durante una escala de combustible en Cabo Verde en ruta a Irán, donde fue enviado a negociar acuerdos petroleros en nombre del gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro.
Los cargos: conspiración para cometer lavado de dinero vinculado a un esquema de soborno que supuestamente desvió $ 350 millones a través de contratos estatales para construir viviendas asequibles para el gobierno de Venezuela.
Alex Saab enfrenta condena de 20 años de prisión en EEUU por robar $350 millones
Saab fue presentado inicialmente como un trofeo por la administración Trump, que no ocultó sus esfuerzos para expulsar a Maduro, quien enfrenta cargos de narcotráfico en Estados Unidos.
Pero el caso penal se ha convertido en un punto de conflicto importante ya que la administración Biden busca mejorar las relaciones con la nación de la OPEP y aprovechar nuevos suministros de petróleo para compensar la pérdida de exportaciones de Rusia luego de las sanciones por su invasión a Ucrania.
Lo que está en discusión son los límites de la inmunidad diplomática contra el enjuiciamiento y si Saab incluso tiene una base bajo la ley estadounidense para afirmar que era un “enviado especial” enviado en una misión humanitaria secreta por Maduro para negociar con el gobierno islámico de Irán.
Los abogados de Saab presentaron como prueba lo que afirman son notas diplomáticas intercambiadas entre Irán y Venezuela sobre lo que sería el tercer viaje de Saab a Irán en cuestión de semanas. En el momento de su arresto, Saab supuestamente también llevaba una carta sellada de Maduro al líder supremo de Irán en busca de su pleno apoyo para un acuerdo planificado para importar combustible en un momento de largas filas de gas en Venezuela.
“Este es realmente uno de esos casos si parece un pato, actúa como un pato, grazna como un pato, entonces es un pato”, dijo Jonathan New, uno de los abogados de Saab, en una declaración de apertura ante un tribunal abarrotado. “Señor. Saab fue y es un enviado especial”.
Pero el fiscal federal adjunto Alex Kramer argumentó que algunos de los documentos subyacentes a esa afirmación fueron falsificados “para proporcionar algún tipo de credibilidad a este argumento de que él era una especie de enviado especial”.
Entre ellos se incluye un pasaporte diplomático, que Saab no llevaba en el momento de su arresto y que contiene una foto y una firma que coinciden con otro pasaporte no diplomático emitido dos años antes.
También cuestionan la autenticidad de la Gaceta Oficial del régimen venezolano del 26 de abril de 2018 donde supuestamente fue designado enviado especial por decreto presidencial. Una copia impresa de esa misma edición, No. 6.373, que se encuentra en la Biblioteca del Congreso de los EE. UU. y una versión digital en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela no mencionan su supuesto nombramiento.
El tira y afloja se ha complicado aún más por la revelación de que Saab, antes de su arresto, había sido registrado como informante por la Administración de Control de Drogas de EEUU y le había estado proporcionando información sobre la corrupción en el círculo íntimo de Maduro.
La sala del tribunal del juez Robert Scola estaba repleta, en su mayoría, de partidarios del gobierno de Venezuela. También asistió un amigo de la facultad de derecho de Eyvin Hernández, un abogado estadounidense de la oficina del defensor público en Los Ángeles que fue detenido por Venezuela en su frontera con Colombia este año y acusado de intentar ingresar ilegalmente al país.
Durante un mes, se especuló que Saab podría salir libre como parte de algún tipo de intercambio de prisioneros por Hernández y hasta otros tres estadounidenses detenidos en Caracas. Un acuerdo similar al de los sobrinos de Cilia Flores condenados en Nueva York por cargos de drogas que aseguró la liberación de otros siete estadounidenses detenidos en Venezuela en octubre. La administración de Biden ha insistido en que no se están llevando a cabo tales negociaciones.
Se espera que la audiencia dure alrededor de una semana.
