El fiscal Ryan R. Crosswell calificó de «búsqueda de trato preferencial» la solicitud realizada por el banquero Julio Herrera Velutini, la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced y el exagente del FBI, Mark Rossini, de que se detenga la evaluación de la evidencia obtenida mediante órdenes de allanamiento a cuentas de correo electrónico y teléfonos.
La declaración se produjo después de que el juez Raúl Arias Marxuach emitiera una paralización temporal de la evaluación de la evidencia a solicitud de los representantes legales de los abogados.
Estos argumentaron que cuando el gobierno incautó el contenido de las cuentas y un teléfono de sus clientes obtuvo información en violación potencial al privilegio abogado cliente. La defensa pide que lo incautado se les entregue para que sean ellos los que hagan el cernimiento de cuáles comunicaciones son privilegiadas o, en la alternativa, que el tribunal designe a un comisionado especial que haga el cernimiento, como ocurrió recientemente tras la incautación de documentos de la residencia del expresidente Donald Trump.
Al oponerse, Justicia federal ofreció algunos detalles del comienzo de la investigación en este caso y afirmó que, por el periodo de tiempo en que ocurrieron las incautaciones, ninguno de los acusados sabía que era objeto de una investigación o había contratado abogados para la misma. Por tanto, no habría comunicaciones privilegiadas entre las incautadas.
La moción no dice exactamente cuándo comenzó la pesquisa, pero sí que la causa probable para obtener las órdenes de allanamiento surgió por los indicios de soborno y no por el lado de la evaluación que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) estaba haciendo de Bancrédito y que Herrera Velutini intentó detener supuestamente sobornando a Vázquez Garced y a un representante del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, que realmente era su amigo, el contador público autorizado Joseph Fuentes Fernández actuando como encubierto. En el caso de Vázquez Garced, el banquero obtuvo lo que quería ya que la exgobernadora sacó al comisionado de OCIF que Herrera Velutini quería eliminar y designó al que este quería poner en la oficina.
Para noviembre de 2020, cuando Vázquez Garced todavía era gobernadora, «el FBI había acumulado suficiente causa probable para conseguir órdenes de allanamiento contra las cuentas personales de correo electrónico de los acusados». Entre el 20 de noviembre de 2020 y el 13 de enero de 2021, el juez federal Francisco Besosa autorizó cinco órdenes contra: una cuenta de Yahoo y una de Apple de Herrera Velutini; una de Apple y una de Google de Rossini; y una cuenta de Apple de Vázquez Garced.
La cuenta de correo corporativa de Herrera Velutini en Bancrédito no ha sido objeto de una orden de allanamiento, consigna la moción. Varios de los señalamientos de OCIF contra Bancrédito tenían que ver con transacciones en las cuentas personales de Herrera Velutini.
Para sustentar que las órdenes ocurrieron antes de que los acusados supieran de la investigación, Crosswell detalla que el FBI se acercó por primera vez a la exgobernadora 12 meses después de tener acceso a su cuenta; se acercó a Rossini 10 meses después; y se acercó a ejecutivos del banco 10 meses después. A cuatro meses de obtener acceso a las cuentas de Herrera Velutini, el hombre se habría enfrascado en el segundo esquema de soborno con Fuentes Fernández. De hecho, el FBI obtuvo una segunda orden contra la cuenta de Apple de Herrera Velutini para capturar conversaciones que ocurrieron después de la primera orden. Esto fue el 30 de julio de 2021 y fue la última orden de este tipo que procuraron los agentes.
Herrera Velutini hizo comunicaciones sobre el esquema con Fuentes Fernández a través de la aplicación WhatsApp.
Otro teléfono obtenido fue el de la expresidenta de Bancrédito, Frances Díaz Fossé, quien lo entregó voluntariamente, se declaró culpable y coopera con el gobierno.
Con estos detalles, Justicia federal argumenta que son mínimas las posibilidades de que la evidencia capturada incluya comunicaciones privilegiadas relacionadas al caso. Subrayan que solo sabían de un abogado que oficialmente representaba a un sujeto de la investigación, Rossini, porque se les acercó después de que los agentes le hicieran una primera entrevista a su cliente en Madrid en noviembre de 2021.
Crosswell añade que lo acusados están tratando de poner la carreta antes de los bueyes porque es cuando les entreguen la evidencia que se va a usar en el caso que se abre legalmente su oportunidad para impugnar la evidencia y tratar de suprimirla, no antes. Lo que piden al juez Arias Marxuach, añade, sería tratamiento privilegiado, porque implicaría que el gobierno entrega todo lo que incautaron con las órdenes, efectivamente suprimiendo toda esa evidencia como violatoria de derecho sin que hubieran identificado una sola instancia que de verdad constituya una violación de sus derechos.
Señalan que los «equipos filtro», o personal del gobierno que no está relacionado con la investigación y que es el que tiene la evidencia incautada y se la va «filtrando» a los fiscales en la medida en que no implique una violación potencial de derechos, se están usando desde por lo menos mediados de los años 90 del siglo pasado sin que ningún tribunal los haya prohibido. El caso del presidente Trump, dijo también el fiscal, no aplica a este porque en ese se trata de una persona que no ha sido acusada y que solo reclama propiedad sobre una información incautada, además de que en ese caso no se le prohibió al gobierno continuar su caso, como se pretende en este, hasta que un comisionado especial haga una evaluación independiente de la evidencia.
«Después de que el FBI allanó inicialmente las cuentas de correo electrónico de Herrera (Velutini), comenzó a vigilar a la presidenta del banco (Díaz Fossé) en su intento de sobornar a un gobernador incumbente (Pierluisi Urrutia) de parte de Herrera (Velutini). Los acusados parecen creer que, en vez de continuar con su investigación encubierta, el FBI debió contactar a los acusados o sus abogados. Simplemente, así no es como funcionan las investigaciones criminales. Cientos de órdenes de allanamiento se emiten para cuentas de correo electrónico cada año en el Distrito de Puerto Rico sobre una multitud de formas de conducta criminal. Los sujetos de estas órdenes no reciben ningún aviso previo. El tribunal debe rechazar el argumento implícito de los acusados de que tenían derecho a un trato preferencial», resumió Crosswell.
