Después de las rocambolescas declaraciones de Tareck El Aissami y Tarek William Saab de agosto pasado, denunciado el «mega fraude» cometido contra Pdvsa por Rafael Ramírez y sus cómplices necesarios con el contrato con la Administradora Atlantic 17107 CA, cuyo presidente es Juan A. Wallis Brandt, de una línea de crédito en bolívares que terminó siendo pagado en dólares a las empresas extranjeras Violet Advisors SA y Welca Holdings Limited pertenecientes a los hermanos Luis e Ignacio Oberto, tres meses después, el mismo Ministerio Público que formuló la acusación y detuvo a Víctor Aular, realizó allanamientos, incautó propiedades y emitió órdenes de captura y de extradición, ahora, en un giro sorpresivo, solicitó y obtuvo el sobreseimiento a favor de Víctor Aular en tiempo récord.
Con fecha 29 de noviembre de 2022, el Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control a cargo del juez José M. Márquez García, sobreseyó la causa contra Víctor Aular Blanco, ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, el cual quedó en libertad luego de ser acusado de los delitos de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, malversación simple, legitimación de capitales y asociación para delinquir. En la decisión, el MP y el Tribunal consideran que luego de analizar los resultados de una investigación realizada, por cierto, en un lapso sospechosamente breve, no hay un tipo penal que pueda encauzar la comisión de un delito en el presente caso, de acuerdo a las leyes y el Código Penal venezolano.
Se repite la historia
No es la primera vez que algo similar sucede. El precedente ocurrió en 2020 cuando se sobreseyó a Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo, Carmelo Urdaneta y el propio Víctor Aular, por un caso idéntico, como lo fue el contrato de préstamo suscrito entre Pdvsa y la empresa Rantor Capital CA/Eaton Global Services propiedad de Raúl Gorrín.
En ambos casos, el fiscal a cargo de la acusación y del posterior sobreseimiento ha sido Farik K. Mora Salcedo.
En el texto del sobreseimiento del caso Atlantic – plagado de contradicciones – al que tuvo acceso Cuentas Claras Digital, queda evidenciada la torpeza e incapacidad del régimen cleptocrático de Nicolás Maduro que, por tratar de pasar factura a Rafael Ramírez por pleitos internos, no midió las consecuencias para sus propios intereses de destapar una caja de Pandora como lo es la trama de corrupción en Pdvsa, relacionada con los negocios ilícitos en torno al diferencial cambiario, que salpica incluso a sus hijastros, vinculados con Alejandro Betancourt, Francisco Convit Guruceaga y Raúl Gorrín, como quedó demostrado por las autoridades de EEUU en el caso Money Flight o Fuga de dinero a raíz de la delación del abogado Pedro Binaggia.
El tiro en el pie
El 30 de agosto de 2022, Tareck El Aissami denuncia un «mega fraude» orquestado por «la mafia de Rafael Ramírez que habría ocasionado un grave perjuicio al patrimonio público calculado en casi 5 mil millones de dólares». Según el funcionario, a Pdvsa no ingresaron los mas de 17 mil millones de bolívares contemplados como préstamo en el contrato con la Administradora Atlantic, que luego fue ampliado con las empresas Violet y Welca a más de 35 mil millones de bolívares, y que fueron pagados en su totalidad por la petrolera en dólares a dichas empresas.
Con una rapidez inusitada, al día siguiente de la denuncia de El Aissami, Tarek William Saab ofrece una rueda de prensa donde amplía las acusaciones y presenta el video de la delación de Víctor Aular, haciendo ambos énfasis en la culpabilidad de Rafael Ramírez.
Víctor Aular, presentado como imputado y a la vez delator estrella del caso, dijo haber advertido a Rafael Ramírez sobre la ilegalidad del contrato suscrito con Atlantic que violaba la Ley de Ilícitos Cambiarios y la Ley del BCV y, al declararse culpable, reconoció que había un «preacuerdo» entre Ramírez y los beneficiarios del contrato para que el préstamo en bolívares fuera finalmente pagado en dólares de manera de obtener brutales ganancias con el diferencial cambiario.
Como lo hemos dicho numerosas veces, los negocios con el diferencial cambiario realizados tanto en Pdvsa como en la Oficina Nacional del Tesoro, se ejecutaron con absoluta opacidad con empresas no financieras y sin experiencia en el tema que obtuvieron ganancias obscenas en detrimento del patrimonio público, escogidas a dedo por altos funcionarios vía millonarios sobornos, como ha quedado demostrado en los casos de los ex tesoreros Alejandro Andrade, Claudia Díaz, Carlos Erik Malpica Flores, así como de Víctor Aular y Rafael Ramírez. Precisamente por esta razón es que Malpica Flores – hombre fuerte de Miraflores en la actualidad – se habría ocupado directamente de cerrar el caso Atlantic con el presente sobreseimiento, según pudo conocer Cuentas Claras Digital. El sobrino de Cilia Flores sustituyó a Aular en la vicepresidencia de Finanzas y continuó con el mismo modus operandi, como quedó demostrado con el caso Rantor/Eaton que involucra a Raúl Gorrín.
Las contradicciones
En 2020, el Ministerio Público pidió el sobreseimiento de la causa contra Víctor Aular y su protección por el caso del contrato firmado entre Pdvsa y Raúl Gorrín a través de las empresas Rantor y Eaton. Posteriormente el mismo Ministerio Público acusa y detiene a Aular quien aparece representando a Pdvsa en dicho contrato.
Después que William Tarek Saab descalificó a la consultora KPMG en el momento de la detención de Aular, ahora el mismo informe de la consultora internacional es utilizado para fundamentar un nuevo sobreseimiento a favor de Aular, por un caso similar.
A pesar de la existencia de un informe interno de Pdvsa publicado el 12 de diciembre de 2019 en la página oficial del Ministerio de Comunicación e Información, en el que se recomendaba denunciar ante la Fiscalía General el contrato con Atlantic, el MP no tomó ninguna decisión sino hasta agosto de 2022 cuando abrir tal investigación era conveniente para sus intereses políticos. Ahora, se retractan de los contenidos de la acusación.
Las preguntas que siguen sin respuesta
1.- Por qué PDVSA no realizó una subasta pública tomado en cuenta la existencia para el momento en Venezuela de un sistema financiero integrado por empresas públicas y privadas?
2.- Dónde está el pronunciamiento del BCV sobre este caso, siendo que el mismo está obligado por Ley a tener el control de las divisas, salvo las excepciones legales correspondientes?
3.- Si tanto el contrato de Pdvsa con Atlantic y Rantor son legales, tal como sostiene ahora el Ministerio Público, por qué se recurrió al soborno de funcionarios, algunos de los cuales ya se han declarado culpables y están procesados en otras jurisdicciones, como es el caso de Carmelo Urdaneta, ex consultor jurídico del Ministerio de Petróleo?
Queda pendiente lo relativo a la administración de los bienes incautados a los protagonistas de los delitos relacionados con Víctor Aular, así como la relación de los negocios del régimen con el diferencial cambiario que habrían sido utilizados para el financiamiento de actividades políticas del chavismo, como por ejemplo, la campaña presidencial de Hugo Chávez del 2012.
Como hemos venido diciendo, el sistema judicial venezolano controlado por el autócrata, no actúa sino cuando conviene a los intereses políticos de Nicolás Maduro. En este caso, luego de haberse dado un tiro en el pie con la denuncia del caso Atlantic, los integrantes de la cleptocracia chavista-madurista no han tenido otra opción sino dar un paso atrás para evitar quedar señalados en la propia investigación como parte de la trama por ellos mismos denunciada en 2022.
Cabe recordar que este caso se conocía desde 2013 cuando fue denunciado en el libro Estado Delincuente (Tablante y Tarre) y posteriormente ratificado en El Gran Saqueo (Tablante, 2015).
