La fiscalía federal del Sur de la Florida (EEUU) acusó formalmente a Maikel Moreno, ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia, por recibir sobornos a cambio de utilizar su cargo para resolver casos civiles y penales.
Moreno fue imputado por conspiración para cometer blanqueo de capitales, encubrimiento y por participar en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas.
Se alega que Moreno recibió más de 10 millones de dólares en sobornos, generalmente de contratistas venezolanos que tenían convenios con entidades propias de la dictadura de Maduro.
En 2014, antes de su nombramiento como presidente del Tribunal Supremo, recibió un millón de dólares mediante transferencias bancarias a su cuenta personal en Miami por parte de un contratista venezolano. Este dinero fue para acordar resolver futuros casos penales a favor de este contratista.
Durante su mandato en el Tribunal Supremo de Justicia, Moreno lavó dinero de un empresario acusado en Estados Unidos de un esquema de fraude multimillonario para que se desestimara la causa.
También estuvo de acuerdo en autorizar el embargo judicial de una planta automotriz de General Motors (valorada en aproximadamente 100 millones de dólares) a cambio de un porcentaje de participación en las ganancias de la venta de la planta.
Acusación contra Maikel Moreno: entre cobro de sobornos, cuentas millonarias y gastos lujosos
Moreno supuestamente usó los ingresos de los sobornos para comprar o renovar bienes inmuebles en todo el mundo, incluida una villa en la Toscana, Italia, por 2,4 millones de euros, una villa de lujo en La Romana, República Dominicana, por 1.5 millones de dólares, un edificio en Las Mercedes en Caracas, por 1.3 millones de dólares, y un apartamento en Miami por 1.3 millones de dólares. También usó las ganancias de los sobornos para comprar automóviles, artículos de lujo, viajes de lujo y más de 300.000 dólares para una actuación musical en su boda.
Cada uno de los delitos de blanqueo de capitales se castiga con una pena máxima de 20 años, y cada uno de los cargos de participación en transacciones con bienes derivados de actividades delictivas conlleva una pena máxima de 10 años.
Lea documento oficial de la acusación AQUÍ
