Javier Alvarado pide a la Justicia Española citar a Maduro en caso Pdvsa

Alvarado ha solicitado que se cite a Nicolás Maduro por determinadas operaciones con las que se habría desfalcado a la petrolera

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Alvarado fue ministro de Desarrollo Eléctrico, presidente de Bariven, filial de Pdvsa y de la Electricidad de Caracas, durante la presidencia de Hugo Chávez

El ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa ha pedido a la juez de la Audiencia Nacional de España, la declaración en calidad de testigo o de investigado de Nicolás Maduro, en el marco de la causa donde se investigan presuntas operaciones irregulares de la petrolera estatal, Pdvsa. Con información de EFE.

La defensa del ex viceministro ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional española, en el que considera necesaria la declaración de Maduro y del antiguo alto cargo de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) César Rincón, a raíz de un informe policial del pasado verano.

Javier Alvarado pide a Audiencia Nacional de España que investigue a exgerente de Pdvsa

Argumenta que la Policía española atribuyó a Maduro, en dicho documento, “responsabilidad en los hechos objeto de la instrucción” en su condición de “director miembro de la junta directiva de Pdvsa” en 2012.

La defensa se apoya a lo largo de su escrito en ese documento, que «alude reiteradamente a la responsabilidad directa de los miembros de la Junta Directiva de Pdvsa en las operaciones de compra» investigadas al ser «plenos conocedores» de las mismas.

Solicita, asimismo, la declaración de César Rincón, que tuvo cargos en la gerencia de Pdvsa y de Bariven, su filial de compras, al haber intervenido presuntamente en «operaciones de compra» que figuran en la causa «por más de 615 millones de dólares». Señala que «su intervención y autorización de operaciones fue preceptiva y la de máximo rango en la inmensa mayoría de las operaciones investigadas», según se desprende de la propia querella.

La juez investiga en esta pieza del denominado caso Pdvsa, abierta a raíz de una querella de la compañía, supuestas «operaciones de disimulación y camuflaje, con la finalidad de defraudarla y obtener un beneficio ilícito», que se habrían llevado a cabo «mediante un entramado de sociedades mercantiles y personas interpuestas».

La querella alega que las «ganancias ilícitas» de la llamada «organización criminal» fueron «blanqueadas» al menos parcialmente en España, según uno de los autos de la Magistrada.

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