El Departamento de Justicia federal notificó que presentó evidencia clasificada por seguridad nacional en el caso contra el banquero Julio Herrera Velutini, la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced y el exagente del FBI, Mark Rossini, al juez federal Raúl Arias Marxuach.
La información entregada al juez está bajo sello y no se sabe de qué tipo de evidencia se trata. Los acusados no tienen acceso a los documentos y el juez tendrá que evaluar si se les entregan suprimiéndole algunas partes específicas o si se sustituyen por un resumen o una admisión de los hechos relevantes.
La activación de la Ley de Procesos para Información Clasificada (CIPA) implica que la información está marcada como sensible o secreta bajo el sistema de clasificación de documentos del gobierno federal y denota que la misma incide sobre asuntos de seguridad nacional. El expediente del caso no contiene más detalles y las actividades financieras del acusado Herrera Velutini pueden activar jurisdicción de leyes que implican seguridad nacional
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El pliego acusatorio alega que los acusados se involucraron en un esquema de soborno para apoyar la campaña primarista de la exgobernadora a cambio de que ésta destituyera al Comisionado de Instituciones Financieras y terminara una investigación del banco de Herrera Velutini, Bancrédito International Bank & Trust. Cuando ganó la elección el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, Herrera Velutini también intentó sin éxito sobornarlo para mantener control sobre la dependencia gubernamental.
Dos posibles testigos ya hicieron alegación de culpa: el exconsultor de la campaña de Vázquez Garced, John Blakeman Ortiz, y la expresidenta de Bancrédito, Frances Diaz Fossé. No se espera que el caso se mueva a fase de juicio este año.
