El ex funcionario de la compañía petrolera estatal Pdvsa, Álvaro Ledo Nass, se declaró culpable en un Tribunal federal de Miami por cargos de lavado de dinero en relación con una conspiración para desviar al menos 550 millones de dólares de las arcas estatales a través de negocios corruptos de divisas. Con información de AP.
En el marco de su acuerdo de culpabilidad, Nass reconoció haber recibido 11.5 millones de dólares en sobornos entre 2012 y 2017, mientras ocupaba varios puestos de alto nivel en Petróleos de Venezuela.
Nass, se convirtió en febrero en el último entre varias docenas de ex funcionarios venezolanos acusados o condenados en los EEUU como parte de la Operación Money Flight, una extensa investigación de varios años que busca desentrañar cómo los venezolanos con información privilegiada robaron miles de millones en riqueza petrolera de su país.
Muchos de los involucrados en el esquema de corrupción masiva se reubicaron, o invirtieron su fortuna robada en bienes raíces en el sur de Florida.
Nicolás Maduro, ordenó este mes una ofensiva contra la corrupción dentro de Pdvsa. Como consecuencia, se han producido una serie de arrestos de altos funcionarios y empresarios acusados de robar cargamentos de petróleo. Tras revelarse la investigación, Tareck el Aissami, ministro de Petróleo desde abril de 2020, renunció a su cargo.
Los crímenes de Nass son anteriores a la última purga. Pero son síntomas de la misma corrupción que, según los expertos, ha proliferado a través de la industria petrolera estatal de Venezuela durante más de dos décadas del régimen socialista.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Nass admitió haber aceptado sobornos a cambio de dar luz verde a una transacción de moneda falsa en 2014, mediante la cual varios empresarios acordaron prestar bolívares de Pdvsa al tipo de cambio del mercado negro, ampliamente utilizado en Venezuela. Luego, la compañía petrolera pagó el préstamo a una tasa de cambio oficial artificialmente alta, lo que permitió a los expertos obtener una ganancia masiva.
El fiscal federal adjunto Kurt Lunkenheimer y el abogado litigante del Departamento de Justicia Paul Hayden están supervisando el caso. Los inicios se remontan cuando Nass, que había estado viviendo en España, llegó a Estados Unidos para cooperar con la investigación policial.
