El juez federal Raúl Arias Marxuach ha rechazado varias solicitudes presentadas por la defensa de Julio Herrera Velutini, la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced y el exagente del FBI, Mark Rossini, relacionadas con la evaluación del contenido de las cuentas de correo electrónico y teléfonos obtenidos durante la investigación que llevó a la acusación por cargos de soborno y fraude. Con información de El Vocero.
El magistrado ha determinado que es adecuado el equipo especial de peritos que se ha asignado para determinar qué contenido debe ser filtrado, con el fin de evitar que la información privilegiada, como las conversaciones entre los coacusados y sus abogados, sea utilizada en su contra. Arias Marxuach ha sostenido su dictamen en el hecho de que varias cortes a nivel apelativo han aceptado estos equipos para filtrar el contenido durante investigaciones criminales.
Justicia Federal presenta evidencia clasificada en caso Julio Herrera Velutini
El juez ha mencionado que el personal del FBI que no ha sido parte del equipo de la Fiscalía ha colocado los documentos producto del allanamiento de aproximadamente 32 cuentas electrónicas y dispositivos en una base de datos y ha aplicado términos de búsqueda para filtrar potenciales comunicaciones privilegiadas y luego ha provisto esta base al equipo investigativo.
La corte ha denegado la solicitud de las representaciones legales de los acusados para que se entreguen de vuelta los bienes incautados y la información, incluyendo las copias del contenido de las cuentas de correo electrónico y documentos privilegiados, ya que la defensa no ha presentado suficientes argumentos para sustentar el remedio extraordinario que exigían. Además, el juez ha indicado que no hay evidencia de que se haya realizado un allanamiento ilegal.
No obstante, el juez Arias Marxuach ha aprobado ciertas modificaciones al protocolo del equipo de filtración de material para incluir a abogados y personal que no esté relacionado con la sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia federal.
La defensa tendrá un plazo de 14 días para proporcionar una lista de palabras claves para identificar comunicaciones o documentos protegidos por la relación de cliente y abogado y otros privilegios aplicables.
Además, se ha ordenado que todo documento que se identifique en estas búsquedas solo sea provisto a la Fiscalía después de ser evaluado por un abogado, y si es catalogado como una comunicación privilegiada, deberá permanecer con el equipo.
