El juez federal Raúl Arias Marxuach emitió una orden de protección de información «clasificada» por interés de «seguridad nacional» de Estados Unidos con relación a parte de la prueba del caso contra el banquero Julio Herrera Velutini, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y el exagente del FBI, Mark Rossini.
Con esta orden, la defensa de los acusados no tendrá acceso a toda la información que tiene la fiscalía federal en relación al caso. La moción presentada por la fiscalía federal bajo la Ley de Procedimiento de Información Clasificada (CIPA) no figura en el expediente público del caso, pero se informó que la moción sí fue presentada al tribunal.
En su orden, el juez Arias Marxuach destacó que consideró cuidadosamente la moción «ex parte» presentada por la fiscalía y ordenó que una copia de la orden no clasificada sea enviada a los abogados de la defensa de los tres acusados.
Justicia Federal presenta evidencia clasificada en caso Julio Herrera Velutini
Además, ordenó que el Oficial de Información Clasificada entregue una copia de la Orden Clasificada del Tribunal a la fiscalía federal. La orden pública del juez no detalla si la información clasificada aplica específicamente a Vázquez Garced o a alguno de los otros dos coacusados: el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y asesor financiero, Mark Rossini.
Se ha confirmado que el FBI cuenta con la cooperación, como testigo, de Mark Fullbrook, quien fue el jefe de gabinete de Liz Truss, pasada líder del gobierno de Gran Bretaña.
En el caso, Herrera Velutini es el dueño de Bancrédito International Bank & Trust, entidad bancaria donde la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) encontró violaciones a los programas requeridos para prevenir el lavado de dinero.
Los abogados defensores de Herrera Velutini y Rossini han expresado su interés en revisar la información clasificada relacionada con el caso. Lilly Sánchez, la abogada defensora de Herrera Velutini, ha afirmado que su equipo tiene derecho a acceder a esta información para tomar sus propias determinaciones sobre lo que es necesario para la defensa.
Mientras tanto, Michael Nadler, el abogado de Rossini, ha indicado que su equipo también está interesado en tener acceso a la información que pueda ser relevante para su cliente. Sin embargo, el expediente público no indica qué información se mantendrá fuera del descubrimiento de prueba debido a la protección de la CIPA.
El Departamento de Justicia federal ha descrito la CIPA como una medida para prevenir la divulgación innecesaria o involuntaria de información clasificada y proteger los intereses de seguridad nacional del gobierno.
Se ha enfatizado que la no divulgación de esta información a una de las partes en un caso penal no afecta los derechos sustantivos del acusado ni las obligaciones de la Fiscalía en cuanto al descubrimiento de prueba. Además, se ha explicado que el proceso para tomar estas decisiones es diferente y equilibra el derecho del acusado con el derecho del Estado a conocer posibles amenazas a su seguridad nacional.
