La extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, ex jefe de seguridad de Hugo Chávez, fueron condenados a 15 años de prisión y 3 años de libertad vigilada cada uno por lavado de dinero. Con información de AP.
Además, deberán restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75.000 dólares cada uno, según anuncio el juez William P. Dimitrouleas en Miami.
La fiscalía había pedido una condena de más de 23 años de cárcel para la exenfermera y más de 19 años para su esposo, mientras que la defensa buscaba una condena similar a la que habría recibido en Venezuela, de hasta cuatro años de prisión.
La acusación formal afirma que la pareja recibió pagos de compañías controladas por Raúl Gorrín, un magnate de los medios que también enfrenta cargos y actualmente está prófugo, en cuentas en Miami que supuestamente fueron usadas para financiar su lujoso estilo de vida. El gobierno asegura que el rol de la exenfermera fue clave para la trama de negocios corruptos en los que participó Gorrín.
La fiscalía sustentó su caso en gran parte en el testimonio de uno de los predecesores de la exenfermera en la Oficina del Tesoro, Alejandro Andrade, quien declaró que ella prosiguió con un acuerdo financiero que él había concretado anteriormente con Gorrín.
Andrade, un exagente de seguridad presidencial que sacó provecho de su relación personal con Chávez para ascender y amasar una enorme fortuna, salió de prisión en 2021 luego de cumplir menos de la mitad de una sentencia de 10 años. Como parte de su acuerdo de culpabilidad con la fiscalía, renunció a más de 260 millones de dólares en efectivo y activos, incluyendo una mansión frente al mar en Palm Beach, vehículos de lujo y caballos de salto.
Desde hace años, el gobierno estadounidense ha acusado a decenas de empresarios y funcionarios venezolanos de haber lavado dinero en este país. La mayoría de ellos han sellado acuerdos de culpabilidad con la fiscalía para evitar condenas severas.
La extesorera es la primera que se declaró inocente y llegó a juicio. En todo el proceso, se aseguró que en sus funciones no era independiente sino que cumplió con las órdenes de Chávez.
La defensa de la exenfermera afirmó que la sentencia que la fiscalía está pidiendo «está completamente fuera de lugar con otras sentencias dadas en este tipo de casos y que la conducta en cuestión no justifica».
