La organización criminal conocida como Tren de Aragua se ha expandido en toda Latinoamérica a costa de uno de los delitos más atroces: la explotación sexual de mujeres y niñas, especialmente venezolanas, a quienes les ha tocado migrar por las condiciones sociales y políticas de su país.
Audios interceptados a esta megabanda, así como los testimonios de mujeres migrantes víctimas de trata y declaraciones de funcionarios oficiales de Colombia, Venezuela, Chile y Perú hacen parte de esta investigación que detalla cómo opera la red criminal, que empezó en Venezuela, pero se expandió con fuerza en al menos cinco países de la región.
Este especial es producto de una alianza entre El Espectador, de Colombia, y los medios de la Alianza Rebelde Investiga (Runrun.es, El Pitazo y Tal Cual), de Venezuela.
Una niña de unos 10 años carga a una bebé de menos de uno y le da la mano a una de tres. Se mueven despacio, en silencio, un miércoles a mediodía, detrás de un joven moreno, en pantaloneta, que no les da la mano ni las ayuda con las pocas pertenencias que llevan consigo. Atraviesan los caminos de tierra que bordean al río Táchira, al final del tramo de una de las trochas clandestinas más reconocidas para el tránsito de migrantes irregulares entre Colombia y Venezuela. Por fuera del radar de las autoridades migratorias, pero a la vista de cualquiera que se detenga a observar qué sucede allí.
Pasan por debajo del Puente Internacional Simón Bolívar, la principal vía terrestre que comunica a Colombia con Venezuela, por donde hoy los “trocheros” siguen cruzando mercancía sin control y venezolanos sin la documentación requerida (como menores de edad sin acompañantes). Esto a pesar de que en febrero de 2023 se abrió el puente, por cuenta del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, luego de siete años de enemistad política.
La banda Tren de Aragua extorsiona a migrantes que pasan por Cúcuta
“¿Sí las ves?”, indica en voz baja una de las personas de La Parada (el corregimiento o barrio frontera, del municipio de Villa del Rosario) que acompañó al equipo periodístico de El Espectador hasta ese punto. “¡Qué dolor! ¿Qué será de su vida dentro de poco?, ¿dónde estará su familia?”. El miedo no es poco. La escena de niñas y jóvenes venezolanas cruzando la frontera por las trochas, expuestas a ser víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, es habitual.
Desde 2018, cuando la diáspora venezolana se incrementó (más de siete millones de personas han dejado Venezuela buscando protección y una vida mejor, según ACNUR), por la inestabilidad económica y política de este país, esa es una de las realidades más dolorosas y palpables de la crisis. Las cifras oficiales sobre trata de personas con fines de explotación sexual no dimensionan el fenómeno y el subregistro de casos es incalculable.
Entre 2018 y el 15 de marzo de 2023, solo 147 migrantes venezolanas han sido registradas por el Ministerio del Interior como víctimas de explotación sexual en Colombia.
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