La investigación del conocido «caso Caranjuez» avanza lentamente en el juzgado de Instrucción número 29 de Madrid. Este caso se centra en la extorsión de policías a venezolanos a cambio de información y dinero. Con información de El Independiente.
Las declaraciones de los involucrados se han visto interrumpidas por las huelgas en el sistema judicial, lo que dificulta el esclarecimiento de los hechos. Recientemente, la Policía Nacional ha citado a declarar a la secretaria del espía israelí Alberto Galán, también conocido como «Avi», quien se presume es uno de los líderes involucrados en los tratos con el exdirector de los servicios secretos de Venezuela, Carlos Aguilera, y los exministros bolivarianos Nervis Villalobos y Javier Ochoa.
Policías españoles niegan haber extorsionado a ex funcionarios chavistas
Según la documentación obtenida por El Independiente, funcionarios policiales han interrogado a C.B.S., quien trabajó con «Avi» en una de sus empresas. Los agentes buscan conocer más sobre su papel en las operaciones, si tuvo acceso a dinero en efectivo, su forma de cobro y su ocupación actual. Además, están realizando gestiones para interrogar a otros trabajadores de las empresas vinculadas al acusado.
«Avi», nacido en Madrid en 1965 y poseedor de un pasaporte israelí, supuestamente fue espía para Israel. Según fuentes policiales, este empresario impartió clases en la Policía Nacional durante varios años, especialmente en el curso para convertirse en comisarios, el rango más alto. El temario de sus clases incluía temas como terrorismo islámico, yihadismo y situación geopolítica en la zona. Paradójicamente, ahora se le acusa de ser uno de los líderes de esta trama de corrupción en la que están involucrados.
Dentro del sumario del caso «Caranjuez», la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha señalado que al menos tres ciudadanos venezolanos contrataron los servicios de Alberto Galán Fereres, y que este movía sus fondos a través de la organización criminal investigada. Los agentes han elaborado un esquema del entramado societario utilizado presuntamente por «Avi» para blanquear el dinero. Uno de los exaltos cargos de Venezuela que testificó afirmó que Galán tenía dinero depositado en cuentas en Malta, y que era gestionado por un despacho de abogados en Madrid controlado por ciudadanos argentinos especializados en movimientos financieros, inversiones y emisiones de deuda pública con países emergentes.
Recientemente, el abogado de Galán intentó impedir que la secretaria declarara ante la policía, argumentando que el caso ya estaba judicializado y que esto privaba a los acusados de la oportunidad de escuchar y rebatir los argumentos en su contra. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción considera que la actuación de la Policía Judicial en este caso es legítima y necesaria para la averiguación del delito y el descubrimiento de los delincuentes. Los fiscales se opusieron a suspender la citación, y la magistrada Cristina Díaz Márquez respaldó esta postura.
