Representantes de 200 personas afectadas por la intervención y cierre de cuatro bancos en el extranjero pertenecientes al Grupo Financiero BOD han recurrido al Sistema de protección de Derechos Humanos de la ONU en busca de justicia. La mayoría de estos afectados son personas mayores de los estados de Zulia, Aragua y Carabobo en Venezuela. Algunos de ellos han fallecido sin recibir respuesta por parte del Tribunal Supremo de Justicia y el régimen venezolano. Con información de Tal Cual.
Uno de los casos más trágicos es el del señor Leal, quien perdió todo su dinero depositado en uno de los bancos intervenidos. Cuando contrajo COVID-19 en 2020, no pudo costear un tratamiento adecuado y falleció debido a la falta de recursos. Desde 2017, el señor Leal y su familia experimentaron problemas para transferir fondos entre cuentas, lo cual generó preocupación y ansiedad. A pesar de las promesas de solución, nunca se resolvió el problema.
Los afectados son clientes del Banco Occidental de Descuento (BOD) que aún esperan la devolución de sus fondos depositados en los bancos en el extranjero. Muchos de ellos abrieron cuentas desde Venezuela, pero sus fondos fueron transferidos sin su consentimiento a los bancos del Grupo Cartera de Inversiones Venezuela, propiedad de Víctor Vargas Irausquín.
Desesperados por la falta de respuestas en el sistema judicial venezolano, los representantes legales de los afectados presentaron una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia en octubre de 2022. Sin embargo, después de seis meses, aún no han recibido una respuesta. Ante esta demora, decidieron acudir a instancias internacionales de derechos humanos, presentando una denuncia por denegación de justicia ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Presidenta del TSJ decidirá si admite demanda contra el grupo BOD por dinero retenido de ahorristas
Los abogados argumentan que se han violado derechos fundamentales, como el acceso a la justicia y a la propiedad. Además, señalan la falta de pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia y la ausencia de defensa por parte de Víctor Vargas en relación a las acusaciones en su contra. Han enviado solicitudes de información a varias instituciones y entidades financieras, tanto en Venezuela como en los países donde operaban los bancos filiales del BOD.
En mayo de 2023, se enviaron documentos a diversas instancias de la ONU para solicitar su intervención en este caso. Los abogados también han destacado la falta de acceso a los activos depositados en manos de los custodios designados por los bancos.
La lucha de estas personas afectadas por la crisis bancaria continúa, buscando justicia y protección de sus derechos como usuarios y consumidores. Esperan que la intervención de las instancias internacionales de derechos humanos ponga presión sobre el Estado venezolano y se resuelva su situación de manera justa y equitativa.
