El Gobierno de España ha aprobado, en el Consejo de Ministros, el Real Decreto para la creación del Registro Central de Titularidades Reales. Esta importante medida, impulsada por los ministerios de Justicia y Asuntos Económicos y Transformación Digital, tiene como objetivo fundamental combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Con información de Europapress.
Mediante este decreto, se busca dar cumplimiento a las disposiciones adicionales tercera y cuarta de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como a la directiva europea correspondiente. Además, se incorpora en la normativa nacional lo establecido en la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto.
El Registro de Titularidades Reales constituirá un registro centralizado y único en todo el territorio español, bajo la gestión del Ministerio de Justicia y con sede en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
El nuevo marco normativo regula la organización y funcionamiento de este órgano, el tratamiento de la información y los datos que deben ser suministrados al registro, así como los mecanismos de acceso y su interconexión con la plataforma central europea. Además, se establecen medidas de protección de datos personales, entre otros aspectos relevantes.
Cabe destacar que el real decreto contempla la inclusión en el registro de datos históricos de personas jurídicas, entidades y estructuras sin personalidad jurídica, como los fideicomisos tipo ‘trust’ y entidades análogas. Asimismo, se prevé el cierre del registro en caso de incumplimiento de la obligación de identificación e información por parte de las entidades sujetas a ello.
El texto normativo también regula el intercambio de datos entre el Registro de Titularidades Reales y otros registros de personas jurídicas, así como los procedimientos para el primer envío completo de dichos datos. Además, se presume un interés legítimo en el acceso a la información sobre titularidades reales, especialmente para medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil que están involucrados en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Por último, este real decreto otorga facultades a la titular del Ministerio de Justicia para dictar las normas necesarias para la ejecución de lo establecido en el mismo, con el fin de adaptarlo a futuras necesidades.
Esta aprobación refuerza la candidatura de Madrid como sede de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, según destaca el Gobierno.
