En México, una madre se dirige a un banco en Culiacán, Sinaloa, para recoger una remesa de $8,000 proveniente de Estados Unidos, de un remitente que desconoce y con cuentas receptoras que le son ajenas. La mujer retira el efectivo y lo divide en dos depósitos en bancos distintos.
Sin embargo, esta transacción no es una operación simple y legítima. Detrás de ella opera el Cartel de Sinaloa, empleando este método para repatriar ganancias derivadas del tráfico de drogas, de acuerdo con una investigación de Reuters.
Aunque el envío de dinero de los trabajadores migrantes es crucial para muchos mexicanos, los cárteles han aprovechado estas operaciones para ocultar sus ganancias ilícitas. Empresas legales de transferencia de dinero se han convertido en el conducto utilizado para lavar las ganancias delictivas, canalizando pequeñas sumas de dinero a personas corrientes en México, aparentemente desconectadas de la actividad criminal.
Empresas como Transfast en Nueva York, Omnex en Nueva Jersey, Boss Revolution de IDT Corporation en Nueva Jersey, DolEx en Texas, Girosol en Florida, Intermex en Miami, Ria de Euronet en Kansas y Sigue en California, han sido mencionadas en casos judiciales vinculados a traficantes de drogas que emplearon sus plataformas para enviar dinero ilícito.
Aunque estas empresas no han sido acusadas directamente en los casos judiciales, su red de agentes independientes ha sido utilizada por los cárteles para mover fondos. Esta corriente financiera en ascenso les permite camuflar sus ganancias ilegales en pequeñas transferencias enviadas a personas comunes en México.
Se estima que al menos $4.4 mil millones, o el 7.5% de las remesas enviadas a México el año pasado, podrían estar relacionados con actividades ilícitas.
Los cárteles emplean «smurfs» (conocidos como pitufos), agentes civiles reclutados para recoger y entregar el efectivo en transacciones de pequeñas sumas. A pesar de los controles implementados por las empresas de transferencia de dinero para detectar actividades ilegales, estos a menudo dependen de la honestidad de los agentes locales.
El Covid-19 exacerbó este enfoque, ya que los cierres de fronteras afectaron las rutas tradicionales para repatriar las ganancias de la venta de drogas. La dependencia de remesas para el lavado de dinero ha crecido debido a su efectividad y la facilidad para realizar múltiples transacciones pequeñas.
La preocupación en aumento sobre esta práctica ha llevado a que la explotación de canales legítimos de remesas por parte de organizaciones criminales sea señalada en el informe anual de amenazas del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos.
Pese a los esfuerzos de las empresas de transferencia de dinero para detectar y prevenir actividades ilícitas, los cárteles siguen encontrando formas de utilizar esta red para mover sus ganancias ilícitas. Las autoridades enfrentan dificultades para detectar y prevenir este tipo de actividad debido a la naturaleza fragmentada y extensa de la red de remesas, así como a la aparente falta de regulaciones estrictas para estas transacciones.
