El régimen de Nicolás Maduro tomó el control de la Cruz Roja Venezolana el 5 de agosto, generando inquietud sobre el futuro de las organizaciones no gubernamentales en el país. La medida se suma a la discusión del proyecto de ley de «Cooperación Internacional», planteada por la Asamblea Nacional electa en 2020, que podría limitar las actividades de estas organizaciones. La intervención en la Cruz Roja establece un precedente preocupante, dando señales de que el régimen podría buscar controlar a más ONG en el país. Con información de Connectas.
Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y diputado de la Asamblea, lideró las denuncias contra la dirección de la Cruz Roja en su programa televisivo. Alegó que el presidente Mario Villarroel y su equipo habían maltratado a voluntarios y aprovechado donaciones para fines personales. Esto derivó en una intervención judicial y la destitución de la dirección de la Cruz Roja, reemplazada por una junta reestructuradora.
Mario Villarroel expresidente de la Cruz Roja Venezolana rechazó la ilegal intervención al organismo
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (IFRC) rechazó la intervención, preocupada por la independencia y labor humanitaria de la organización. Villarroel también rechazó las acusaciones, aclarando que las donaciones internacionales habían sido administradas por la IFRC. Mientras algunos denunciantes buscaban mejoras internas, la intervención oficial tomó a muchos por sorpresa y dejó dudas sobre su impacto.
Expertos consideran que esta intervención es una amenaza a otras ONG en el país, que ya enfrentan presiones y dificultades en una campaña electoral. Se sugiere que el régimen podría estar buscando tener más control sobre los recursos manejados por la Cruz Roja Internacional, lo que podría afectar a la atención médica y social para los venezolanos.
La medida del régimen contra la Cruz Roja es vista como un mensaje político y una forma de intimidar a las ONG humanitarias. Además, expertos consideran que es parte de un proceso más amplio de control gubernamental sobre diversas instituciones. La situación preocupa a muchas organizaciones, que temen represalias y buscan continuar brindando ayuda en medio de una crisis humanitaria que persiste en Venezuela.
