Los presidentes colombiano y mexicano, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, han intentado cambiar el enfoque en la lucha contra el narcotráfico en sus países. Sin embargo, enfrentan desafíos considerables. Con información de La Vanguardia.
Durante medio siglo, ambas naciones han sido profundamente afectadas por la denominada «guerra contra la droga», una política instaurada por el presidente estadounidense Richard Nixon y sostenida por sucesivos gobiernos republicanos y demócratas. Esta estrategia ha implicado el encarcelamiento masivo de usuarios de drogas en Estados Unidos, campañas militares contra traficantes en Colombia y México, y la eliminación forzosa de cultivos.
Aunque algunos estados estadounidenses han despenalizado la marihuana, la prohibición sigue en vigor para sustancias como la cocaína. El resultado ha sido devastador, con estimaciones del Gobierno colombiano que apuntan a un millón de latinoamericanos fallecidos y un constante aumento de la oferta y demanda global de cocaína.
En una reciente conferencia sobre drogas en Cali, Gustavo Petro denunció que los gobiernos latinoamericanos han sido cómplices de este genocidio, perpetuando el discurso del poder mundial. Andrés Manuel López Obrador, conocido por su eslogan «Abrazos y no balazos», comparte la visión de abordar las causas subyacentes en lugar de aplicar medidas coercitivas.
Los datos de la ONU revelan el fracaso de la erradicación forzada en Colombia, con un aumento del 15% en la superficie dedicada a la coca en 2022. Los campesinos colombianos encuentran en la coca una opción económica frente a cultivos legales, como el café.
Los esfuerzos de Petro por negociar con grupos guerrilleros como el ELN y las disidencias de las FARC se ven obstaculizados por su involucramiento en el tráfico de drogas. Petro ha propuesto acuerdos de reinserción y busca regenerar la economía campesina, con el objetivo de reducir la producción de cocaína en un 40% en tres años.
A pesar de una nueva estrategia antidroga de Estados Unidos, el lobby de Miami, ligado a la derecha colombiana, ejerce presión sobre Joe Biden. La producción de cocaína sigue en aumento, y los traficantes prefieren exportar la pasta base y fabricar la cocaína en el país de consumo.
En México, la brecha entre el discurso gubernamental y la realidad es aún más evidente. A pesar de programas para jóvenes y campesinos, la respuesta ante los cárteles ha sido militarización y acuerdos informales. La violencia persiste, con más de 150,000 homicidios durante el mandato de López Obrador. La estrategia militarizada ha demostrado ser ineficaz, y el tráfico de fentanilo ha alcanzado proporciones alarmantes, contribuyendo a una crisis moral.
