La mas reciente disputa por el poder dentro de la élite madurista tiene una clara ganadora: la vicepresidenta
En marzo, la desconocida Policía Nacional Anticorrupción (PNAC) y la “Fiscalía General de la República”, anunciaron el desmantelamiento de una red de corrupción dentro de Pdvsa integrada por “funcionarios que, valiéndose de su cargo y autoridad, habrían ejecutado operaciones petroleras paralelas a Pdvsa”.
Tarek William Saab comunicó la versión oficial sobre la nueva trama de corrupción “descubierta” en Pdvsa. Se acusaba a los integrantes de la red de los delitos de apropiación o distracción del patrimonio público y legitimación de capitales. En ese momento, Saab no se atrevió a adelantar el monto del atraco. Se habla de la pérdida de 24 mil millones de dólares de las arcas de PDVSA, equivalentes a dos años del presupuesto nacional. Sin embargo, esta cifra no ha podido ser confirmada, a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación, entre otras razones, porque al parecer ni el propio régimen lo sabe.
Saab nombró a los supuestos integrantes de la trama a la que identificó como una estructura cuyo jefe sería el teniente coronel Antonio Pérez Suárez, Vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA. La red estaba conformada por diez funcionarios y once empresarios, algunos de los cuales fueron detenidos y otros quedaron en búsqueda y captura. Durante los últimos meses han sido liberados algunos de los detenidos, como el contratista Bernardo Arosio Hobaica quien habría salido de la cárcel en régimen de presentación.
La mayoría de los señalados por Saab pertenecían al grupo mas cercano a Tareck El Aissami, quien, sin embargo, no fue señalado por el «fiscal». El lunes siguiente a las declaraciones de Saab, El Aissami renunció al ministerio de Petróleo «para facilitar la investigación», según anunció.
Desde ese días, nada se sabe del destino del super ministro de Maduro. Rumores lo ubican en su residencia dentro del Fuerte Tiuna – búnker de la élite madurista – e inclusive en La Orchila.
Con la desaparición de El Aissami, PDVSA quedó en manos de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Control total
La investigación, si bien ha sido opaca como todas las acciones del régimen, ha puesto al descubierto un nuevo panorama de corrupción en PDVSA, destacando la conexión con criptomonedas, utilizadas con la excusa de esquivar las sanciones internacionales, supuestas responsables del colapso económico en Venezuela, según la versión oficial.
El modus operandi de semejante asalto a las arcas públicas es complejo. En medio de la falta de controles y opacidad, y con la finalidad de evadir las sanciones internacionales, PDVSA vendió el crudo a los empresarios de la red a través de la modalidad denominada “de compensación”. Se trata de un trueque de petróleo por alimentos o por la construcción de obras públicas, entre otras necesidades del Estado. Las transacciones contemplan descuentos de hasta un 40%, aduciendo el riesgo por las sanciones. En algunos casos la operación se concretó con pagos adelantados en los que el comprador pudo inspeccionar el producto, de acuerdo a lo cual se negociaron precios y comisiones. Una vez llegado a un acuerdo, el crudo se cargaba en buques – casi siempre tanqueros alquilados y cuyos sistemas de rastreo o AIS son desconectados, para ser revendido a petroleras de China, Indonesia o India, entre otros.
Lo más complicado de estas transacciones consistía en realizar los pagos sin utilizar el sistema bancario internacional y sin la garantía de las compañías de seguros y reaseguros. La solución a mano fue el uso de criptomonedas. El sistema se convirtió en un agujero negro que se tragó todo pero no devolvió nada o casi nada a PDVSA. Fue dentro de este complejo entramado que los «empresarios» y los empleados públicos involucrados hicieron su agosto. Han circulado informaciones que ubican en cientos de millones de dólares las deudas de algunos de algunos seudo empresarios con Pdvsa.
La destrucción “roja rojita” de la Pdvsa secuestrada por la cleptocracia y la caquistocracia de Miraflores, se pone en evidencia nuevamente con la venta del petróleo a través de mecanismos de absoluta opacidad, con predominio de lo ilegal, y con incumplimiento absoluto de los estándares que caracterizaron siempre en el pasado a la petrolera como una empresa ejemplar. El régimen de Maduro se repartió lo que quedaba de la torta petrolera.
Dentro de ese panorama, ha quedado claro que la trama de Tareck El Aissami no era la única que operaba en PDVSA.
La vicepresidenta y ministra de Finanzas, Delcy Rodríguez, tiene como una de sus cuotas dentro de PDVSA a Jorge Giménez, presidente de la Federación de Fútbol de Venezuela, quien fuera señalado por el Ministerio Público como miembro de la red desmantelada en marzo. Sin embargo, nunca fue detenido porque cuenta con la protección de Delcy Rodríguez. Ya en una investigación periodística de 2022, se le acusaba de ser el propietario, junto a Alejandro Arroyo Pérez y Gilber Renee Mejias, de ENSA Energía AG y Logística y Alimentos El Mazo C.A., empresas que manejan la estructura de intercambio de petróleo por alimentos de PDVSA que provee a los CLAP, luego de la detención en 2020, de Alex Saab. Giménez también opera en el negocio petrolero con su socio Antonio González y sus hermanos.
Según fuentes de PDVSA, Giménez sería el mayor deudor de la petrolera con la cantidad de 1.200 millones de dólares, a través de las empresas Panglobal Energy y Ripple Oil Trading. Como ha denunciado Cuentas Claras Digital, Giménez continúa operando. Federico Alberto Manzo Leyba, en representación de las empresas de Giménez, viajó recientemente a Londres negociando importantes cargamentos de crudo de Pdvsa y de aluminio de la CVG.
Sin embargo, el proveedor y operador preferido de la vicepresidenta es su pareja Yussef Abou Nassif, quien es conocido por vender todo tipo de bienes y servicios a la administración pública, lo que le ha permitido expandir sus negocios tanto en Venezuela como en el extranjero. Abou Nasiff y sus hermanos tienen empresas de construcción, servicios turísticos, inmobiliarias, importadoras de alimentos y empaquetadoras. El clan Abou Nassif obtuvo contratos millonarios a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Además, utilizan jurisdicciones offshore y paraísos fiscales, como Hong Kong y Panamá, para ocultar sus actividades financieras. El clan Abou Nasiff ha desplazado a los hermanos Majed y Khaled Khalil Majzoub, otros favoritos de la vicepresidenta.
Control mediático
Actualmente, Delcy Rodríguez es la persona mas poderosa del país, al tener el control total de PDVSA, la CVG y el denominado Arco Minero. Además, tiene una influencia significativa en la estrategia comunicacional del régimen a través de un conocido periodista que trabajó en el pasado reciente con actores de la oposición y que ahora aparece como su asistente, gestionando contenidos de información, pero sobre todo desinformación, para numerosos medios digitales que en apariencia representan diversos intereses pero que responden unicamente a la línea política de Delcy Rodríguez y están financiados por Raúl Gorrín, dueño de Globovisión y El Universal.
Comparando la red de corrupción destapada este año en el corazón de PDVSA, el denominador común con las anteriores sigue siendo claro: la corrupción sistémica en Venezuela y la responsabilidad de Nicolás Maduro en el macro saqueo sufrido por el país. La pregunta que sigue en el aire es si alguna vez se rendirán cuentas por estos actos de corrupción que han sumido a Venezuela en una crisis sin precedentes.
Además del desmantelado grupo de El Aissami y del de Delcy Rodríguez, existen otros que compiten dentro de la élite madurista, entre los que figuran el encabezado por Carlos Erik Malpica Flores y su socio Ramón Carretero Napolitano y el de Nicolás Maduro Guerra y sus amigos Ricardo y Santiago Morón y Alejandro Ceballos (alias el Nené), asesorados por Jimai Montiel, quien maneja poderosos hilos en el sistema judicial. En próximas entregas ofreceremos mas detalles sobre los mismos.
Finalmente, una pregunta: Dónde está y cuándo hablará Tareck El Aissami?
