Jorge Giménez, presidente de la FVF: Ficha de Delcy Rodríguez y deudor millonario de Pdvsa

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Foto: Archivo

Jorge Andrés Giménez Ochoa, ciudadano español y venezolano, se encuentra bajo escrutinio por presuntamente defraudar 1.200 millones de dólares a PDVSA, siendo no solo un empresario vinculado al «chavismo» sino también el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Apodado «Jorgito» en el ámbito petrolero y comparado con el polémico «Alex Saab», enfrenta acusaciones de monopolizar negocios para su beneficio, utilizando sus empresas como fachada para ocultar la riqueza de funcionarios corruptos. Con información de La Razón.

Se le señala como el mayor deudor de PDVSA, acumulando facturas impagadas a través de empresas como Panglobal Energy SMC LTD y Ripple Oil Trading LTD. Sus prácticas incluyen operaciones opacas en el comercio petrolero y la importación inflada de alimentos a Venezuela, todo mientras ostenta una gran fortuna, exhibiendo lujos como un reloj de 75,000 euros y viajando en su avión privado.

Delcy Rodríguez, la dueña de todo

Como ciudadano español, Giménez Ochoa podría enfrentar investigaciones por presuntos delitos, revelados por la prensa venezolana, mientras los medios locales denuncian no solo su deuda con PDVSA sino también su creciente fortuna. A pesar de las revelaciones y detenciones relacionadas con la trama PDVSA-Cripto, Giménez Ochoa sigue sin ser castigado y continúa sus negocios con PDVSA.

Las empresas vinculadas a Giménez Ochoa, con deudas de más de 1.257 millones de dólares, han operado en un entramado difícil de detectar. Aunque PDVSA puede demandar a sus deudores tras la relajación de sanciones en octubre, las deudas de Giménez Ochoa no han sido objeto de acciones judiciales.

La trama, que implica la creación de nuevas empresas para solicitar créditos no pagados a PDVSA, revela una compleja red de negocios. Giménez Ochoa, a través de estrategias como la asociación con empresas chinas, continúa expandiendo su influencia. A pesar de las afirmaciones del régimen de Maduro sobre la lucha contra la corrupción, la situación plantea preguntas sobre la efectividad de estas medidas y la verdadera aplicación de la ley en casos de corrupción.

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