Las disputas legales entre los abogados del banquero Julio Herrera Velutini, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y el exagente del FBI Mark Rossini, relacionadas con la entrega de pruebas por parte de la fiscalía federal, han complicado aún más la fecha de inicio del juicio. La jueza Silvia Carreño Coll reconoció que el juicio no podrá comenzar ni en febrero ni en marzo, proponiendo que se traslade a octubre. Con información de medios locales.
La evidencia revela la participación de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) en el denominado Operativo Brisa Marina. Julio Herrera Velutini, el banquero acusado, buscó respaldo de la OCIF, implicando a tres comisionados, incluyendo aquel a quien quería que nombraran para proteger sus intereses.
El volumen masivo de evidencia y su formato están generando dificultades de procesamiento para la defensa, con aproximadamente dos millones de páginas de material. La abogada del banquero, Lilly Ann Sánchez, expresó preocupación por el impacto del ambiente político en el caso y planea llamar al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia como testigo.
Gobernador de Puerto Rico asegura estar desvinculado del caso Julio Herrera Velutini
La trama involucra al inversionista Fahad Ghaffar, confirmado como participante, pero no se revela si ha sido procesado. El juicio se dividirá en dos etapas, abordando primero las acusaciones de soborno a la exgobernadora y luego el presunto intento de sobornar al actual gobernador.
La defensa argumentará que el procesamiento de Herrera Velutini fue discriminatorio, alegando que el gobierno federal ordenó a la OCIF concentrarse en entidades bancarias vinculadas a Venezuela. La complejidad se agrava con 31 órdenes de registro, tres investigaciones entrelazadas y 27 informantes, incluyendo empleados de OCIF.
La fiscalía posee grabaciones de los acusados, pero el contenido no se revela. La empresa británica CT Group, contratada por Herrera Velutini, y testigos, como el exrepresentante novoprogresista Edgardo «Gary» Rodríguez, están vinculados al caso.
La fecha límite para que la fiscalía entregue una versión depurada de los mensajes de texto y correos electrónicos es el 1 de marzo. Se alega que información crucial de los informantes de OCIF no se ha divulgado. Además, surge un argumento sobre el acceso indebido a información privilegiada por parte de la fiscalía.
