La reciente aprobación de la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA) en Estados Unidos marca un hito en la lucha global contra la corrupción. Esta legislación, firmada por el presidente Joe Biden en diciembre, otorga a los fiscales federales la capacidad de enjuiciar a funcionarios de gobiernos extranjeros que busquen o acepten sobornos de empresas estadounidenses. Con información de Voz de América.
Considerada como un complemento esencial a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la FEPA se centra en cerrar la brecha existente en el castigo a los funcionarios extranjeros involucrados en prácticas corruptas. La nueva ley no solo impone multas sustanciales de hasta 250,000 dólares o tres veces el monto del soborno recibido, sino que también contempla penas de hasta 15 años de prisión.
Lo más destacado de la FEPA es su enfoque integral, criminalizando de manera explícita el lado de la «demanda» en la corrupción transfronteriza. Esto significa que los fiscales estadounidenses pueden presentar cargos contra cualquier «funcionario extranjero» que busque o acepte sobornos de empresas con operaciones en Estados Unidos, incluso si la actividad ilegal ocurre fuera del país.
La aplicación de esta ley se extiende más allá de las fronteras, permitiendo a los fiscales solicitar la extradición de acusados en países con tratados correspondientes. En casos donde los funcionarios extranjeros eluden la jurisdicción estadounidense, se pueden congelar activos y emitir órdenes de arresto si aparecen en suelo estadounidense o en terceros países con acuerdos de extradición.
La aprobación de la FEPA ha sido bien recibida por activistas anticorrupción en todo el mundo, incluyendo a Transparencia Internacional. Scott Greytak, director de defensa de Transparencia Internacional EEUU, destaca la esperanza que brinda a quienes sufren las consecuencias de la impunidad, al tiempo que resalta las potenciales mejoras en gobierno, estabilidad política, igualdad económica y salud pública.
Esta nueva legislación refuerza la capacidad de Estados Unidos para perseguir a aquellos funcionarios extranjeros que, hasta ahora, han evitado rendir cuentas por actos de corrupción. Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington respalda esta medida como la expansión más significativa en décadas en las leyes anticorrupción, promoviendo una lucha efectiva tanto contra la corrupción interna como externa. En el futuro, se espera que casos bajo la FCPA vayan de la mano con cargos similares presentados bajo la FEPA, creando un frente unificado contra la corrupción a nivel mundial.