Con el propósito de frenar el uso indebido en el sector inmobiliario de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, a través de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), ha lanzado una iniciativa que, de aprobarse, intensificará la supervisión de las transacciones de propiedades, especialmente aquellas realizadas en efectivo a entidades legales y fideicomisos. Con información de El Economista.
Esta medida, considerada una de las más ambiciosas para combatir el lavado de dinero en el colosal mercado inmobiliario estadounidense valuado en cerca de 50 billones de dólares, busca reducir la vulnerabilidad de entre el 20% y 30% de las compras inmobiliarias que no cumplen con todos los requisitos antilavado.
La estrategia se centra en cerrar lagunas que permitían a actores ilícitos eludir el escrutinio financiero al realizar transferencias no financiadas o ventas «totalmente en efectivo». La iniciativa propone que empresas y abogados involucrados en transacciones inmobiliarias en efectivo informen detalles cruciales a FinCEN, incluyendo información del beneficiario final, representantes de entidades legales o fideicomisos, y datos sobre la operación y los pagos realizados.
Según la Evaluación Nacional de Riesgos para el Lavado de Dinero 2024, la estabilidad del mercado inmobiliario estadounidense lo hace atractivo para aquellos que buscan blanquear dinero, afectando negativamente los precios de las viviendas.
La propuesta también cuenta con el respaldo de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT), que destaca la necesidad de cerrar décadas de lagunas que permitieron el lavado de dinero en los mercados inmobiliarios de Estados Unidos.
Ian Gary, director ejecutivo de FACT, subraya la importancia de establecer normas sólidas para prevenir el mal uso de bienes inmuebles estadounidenses por parte de criminales nacionales e internacionales.
En el contexto actual, donde el sector inmobiliario ha sido utilizado como refugio para ganancias ilícitas, esta medida se une a otros esfuerzos, como el primer registro federal de beneficiarios reales lanzado en enero, para combatir las finanzas ilícitas en Estados Unidos.
Este paso, de aprobarse, podría consolidar a Estados Unidos como líder en la lucha global contra la corrupción y las finanzas ilícitas, según Gary Kalman, director de Transparencia Internacional en el país.
