Un año del escándalo de la cripto-corrupción de Pdvsa: Silencio oficial y procesos judiciales estancados

Desde mediados de marzo de 2023, los 61 funcionarios, políticos y empresarios arrestados por su implicación en el desvío de 16.600 millones de dólares de Pdvsa y otras empresas estatales permanecen bajo custodia, con sus procesos judiciales detenidos o con un progreso en las investigaciones aún indeterminado

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Foto: Archivo

El escándalo de la cripto-corrupción de Pdvsa, que involucró al régimen de Nicolás Maduro, cumple un año. A pesar de la detención de 61 individuos cercanos a Tareck El Aissami, incluyendo políticos y empresarios, sus procesos judiciales permanecen en un limbo legal. Con información de El Pitazo.

Desde marzo de 2023, altos ejecutivos de Pdvsa y otras entidades estatales venezolanas fueron encarcelados por su implicación en la malversación de 16.600 millones de dólares, lo que provocó la dimisión de El Aissami del Ministerio de Petróleo.

La falta de transparencia en la investigación penal y el silencio impuesto por el poder político han generado críticas sobre la legitimidad del proceso. Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público, señala que la ausencia de avances públicos en el caso sugiere un intento de ocultar la corrupción dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela y el sistema judicial. La cobertura mediática y las actualizaciones oficiales se detuvieron abruptamente en mayo de 2023, siguiendo una presunta orden presidencial de eliminar el tema de la agenda pública.

El autócrata Nicolás Maduro es el responsable del saqueo de PDVSA

Mundaray argumenta que solo se ha procesado a operadores menores, mientras que figuras clave como El Aissami permanecen libres. Además, destaca las irregularidades en las detenciones y la falta de denuncias públicas por parte de los familiares de los detenidos, con la excepción del caso de Leoner Azuaje, presidente de Cartoven, encontrado muerto en su celda.

El proceso legal enfrenta críticas por violaciones al debido proceso y la falta de fechas para audiencias, lo que indica un estancamiento y una posible influencia política en los procedimientos judiciales. A pesar de una acusación formal contra 22 detenidos en julio de 2023, el resultado y el progreso del juicio siguen siendo inciertos.

En medio de la preparación para las elecciones presidenciales y la persistente falta de claridad sobre los fondos recuperados, el régimen de Maduro, redirige su enfoque hacia temas distintos, evitando divulgar información sobre las acciones emprendidas en el caso.

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