Un Tribunal Federal de Suiza decidió omitir las pruebas disponibles y devolver a Francisco Morillo 80 millones de dólares confiscados de sus cuentas personales y empresariales durante un proceso penal. Dicho proceso, iniciado teóricamente por PDVSA, nunca cobró impulso significativo bajo el régimen de Nicolás Maduro. Este caso se enmarca en el fraudulento PDVSA US Litigation Trust, establecido por funcionarios venezolanos corruptos y el abogado estadounidense David Boies, que pretendía obtener miles de millones de dólares de empresas como Trafigura, Glencore, Vitol y Lukoil. Con información de Infodio.
Los procesos legales se iniciaron paralelamente a principios de 2018: una demanda civil en Florida por parte de Boies, y una reclamación penal en Ginebra contra Morillo y otros, liderada por Guerric Canonica en representación de PDVSA. Boies fue rápidamente desestimado cuando el tribunal de Miami determinó que su fideicomiso carecía de legitimidad y falló en presentar testigos oficiales de PDVSA/Venezuela. Los procedimientos en Suiza tardaron más, complicados por la intervención del gobierno interino a través de su fiscal Ignacio Hernández, quien fue llamado como testigo experto por Morillo contra PDVSA en Florida.
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En el centro de la disputa estaba un servidor que supuestamente contenía evidencia de transacciones corruptas de Helsinge con Trafigura, Glencore y otros. Sin embargo, aunque las autoridades suizas recibieron dicho servidor a principios de 2018, nunca accedieron a su contenido. Según el fallo:
«Las autoridades penales han realizado diversas medidas de instrucción desde que se presentó la denuncia. En particular, disponen de los datos contenidos en el servidor de EE. UU., así como de los incautados en Ginebra, que parecen haber estado a disposición de las autoridades penales desde, a más tardar, el levantamiento de los sellos en agosto de 2018… Sin embargo, los datos contenidos en los soportes mencionados no habían sido aún explotados, ni siquiera de manera inicial.»
En otras palabras, las pruebas críticas contenidas en el servidor y en otros dispositivos electrónicos y archivos en papel, obtenidos tras una redada en las oficinas de Helsinge en Ginebra, nunca fueron examinadas por las autoridades suizas. La persecución de redes comerciales corruptas no parece ser una prioridad para Suiza ni para el régimen de Maduro.
