Venezuela ha decidido prohibir la minería de bitcoin en todo su territorio, desmantelando las granjas de minería para proteger el sistema eléctrico nacional del alto consumo energético que estas actividades generan. Sin embargo, aún no se ha aclarado si la prohibición es definitiva o temporal. El país, conocido por sus bajos costos eléctricos, había sido un destino atractivo para la criptominería. Con información de Observatorio Blockchain.
El Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE) ha ordenado desconectar los equipos de minería en todo el país para garantizar la eficiencia y funcionamiento del servicio eléctrico. El sistema eléctrico venezolano ha sufrido un deterioro progresivo durante las últimas dos décadas, resultando en racionamientos, apagones y cortes abruptos. En 2024, una nueva oleada de apagones ha subrayado el precario estado del sistema eléctrico nacional, y las autoridades han señalado a las granjas de minería de bitcoin como responsables, catalogándolas como «usuarios de alto consumo».
El plan del MPPEE y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) incluye operativos policiales para desconectar los equipos de minería, con el apoyo de gobernantes locales. En el estado Carabobo, ya se han incautado más de 11,000 equipos de minería ASIC, según las autoridades de ese estado.
La minería de bitcoin se legalizó en Venezuela en 2020 bajo la supervisión de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP). Sin embargo, el colapso de SUNACRIP debido a la cripto-corrupción de Pdvsa ha dejado la regulación de la minería en un limbo. La reestructuración del organismo ha afectado a las granjas con licencia, obligándolas a apagar sus equipos mientras esperan una renovación de su documentación.
La prohibición de la minería de bitcoin en Venezuela plantea incertidumbre sobre el futuro de la criptominería en el país. Mientras las autoridades buscan proteger el sistema eléctrico, la falta de claridad sobre la duración de la medida genera inquietud entre los mineros y la comunidad cripto. La situación sigue desarrollándose, y la comunidad internacional observa atentamente cómo Venezuela maneja esta prohibición en un contexto de crisis energética y regulatoria.
