La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una multa de 160 millones de euros para Duro Felguera y penas de prisión de hasta casi diez años para varios exdirectivos de la compañía por su implicación en una trama de sobornos relacionada con un millonario proyecto en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez. Con información de agencias.
El juez Ismael Moreno ha procesado a la compañía asturiana y a doce personas, acusadas de pagar más de 100 millones de dólares en sobornos para adjudicarse una central de generación eléctrica en Caracas en 2009, valorada en 1.500 millones de dólares. Entre los procesados se encuentran Ángel Antonio Suárez del Valle, exCEO de Duro Felguera, quien se enfrenta a una petición de nueve años y medio de prisión y una multa de 160 millones de euros.
La acusación también incluye a Javier Alvarado Ochoa, ex viceministro de Electricidad y ex presidente de la Electricidad de Caracas, Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica y Luis Carlos León, entre otros ex funcionarios venezolanos.
La trama de corrupción, desvelada en 2017, involucra el uso de empresas pantalla para desviar fondos y efectuar pagos ilícitos. La Fiscalía ha acreditado que los acusados recibieron grandes sumas de dinero, transferidas a cuentas en Suiza y Mónaco, y que estas se utilizaron para comprar propiedades de lujo en España.
La intervención de Rafael Ramírez, entonces ministro de petróleo y presidente de Pdvsa, fue crucial para la adjudicación del proyecto a Duro Felguera, según afirma la fiscalía española. A cambio, la empresa se comprometió a realizar pagos a funcionarios públicos venezolanos, entre ellos, Alvarado Ochoa, Luis Carlos de León y Julia Van Der Brule, exdirectiva esta última de una filial de PDVSA.
Alvarado Ochoa se desliga del caso Duro Felguera y apunta a Chávez y Rafael Ramírez
La Fiscalía ha solicitado penas ostensiblemente menores para Javier Alvarado Ochoa quien colaboró con las autoridades españolas en la revelación de la trama de PDVSA: solo 45 días de prisión por delito continuado de falsedad en documento mercantil y multa de 1.62 millones de euros por blanqueo de capitales.
La Fiscalía también solicita el decomiso de inmuebles y otros bienes adquiridos con dinero procedente de los sobornos, incluyendo propiedades en urbanizaciones de lujo como La Moraleja. El escrito de acusación detalla cómo se firmaron contratos ficticios para simular servicios de asesoramiento y obra, utilizados para justificar los pagos ilícitos.
Con esta solicitud, la Fiscalía Anticorrupción pone fin a una larga investigación y abre un juicio oral por prácticas corruptas y blanqueo de capitales.
