En una intrincada red de corrupción en Ecuador, la Fiscalía General del Estado ha presentado cargos contra los ecuatorianos Édgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C., y Diego Iván J. T., un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), por su presunta participación en un sofisticado esquema de lavado de activos. Con información del Vistazo.
Desde 2016, este grupo habría utilizado empresas fachada para simular remesas de dinero, moviendo millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú. En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos detalló cómo la investigación comenzó hace seis meses tras recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), revelando ingresos sospechosos en las cuentas de los acusados y sus familiares.
El modus operandi implicaba la creación de empresas como Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA., de la cual Édgar Francisco J. T. posee el 99% de las acciones, y CAMBIOSCORP S.A., supuestamente destinadas a disimular la procedencia ilícita del dinero. Estas empresas habrían recibido sumas que oscilaban entre los 444.647.11 dólares y 2 millones de dólares, acumulando ingresos totales de hasta 6.94.981.23 dólares.
Las interceptaciones de llamadas revelaron el rol específico de cada miembro del grupo, que abarcaba desde contadores y representantes legales hasta actividades internas en la UAFE para evitar ser detectados. Además, estos individuos ya estaban bajo investigación por delitos como estafa, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, y captación ilegal de dinero.
La Fiscalía fundamentó el proceso penal en 52 elementos de prueba, incluidos reportes de operaciones inusuales, dinero en efectivo, análisis de documentación, y registros de seguimiento y vigilancia. Durante los allanamientos del 15 de julio, se incautaron 32 mil euros en efectivo y se recopilaron numerosas pruebas adicionales, como reportes telefónicos y análisis de ingresos y egresos de los implicados.
Un Juez Anticorrupción aceptó la solicitud de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para Édgar Francisco J. T. y Diego Iván J. T., mientras que Roberto Carlos Z. C. deberá presentarse periódicamente y tiene prohibida la salida del país. El delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), conlleva una pena de prisión de diez a trece años.
Esta operación marca un golpe significativo contra la corrupción y el lavado de dinero, subrayando el compromiso de las autoridades para mantener la integridad del sistema financiero y económico del país.
