La ética y el compliance son pilares esenciales en cualquier proceso electoral, asegurando la transparencia, equidad y legitimidad del mismo. En el contexto venezolano, el reciente informe del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha puesto de manifiesto serias irregularidades en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, destacando la importancia de estos principios para el fortalecimiento de la democracia en Venezuela. Con información de Idealex.
Uno de los aspectos más preocupantes señalados por la OEA es la falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela. La resistencia a permitir una observación electoral adecuada, tanto a nivel nacional como internacional, junto con la opacidad en la divulgación de resultados, ha socavado la confianza pública en el sistema electoral. Este incumplimiento de los estándares de compliance electoral refleja un desafío directo a los principios éticos fundamentales que deben regir cualquier elección democrática.
El informe de la OEA también resalta la intimidación y persecución política como tácticas para deslegitimar el proceso electoral. Líderes opositores y simpatizantes han sido objeto de detenciones arbitrarias, inhabilitaciones y actos de violencia, creando un clima de miedo que inhibe la participación democrática. Estos actos violan no solo los principios éticos, sino también las normas internacionales de compliance que garantizan la participación equitativa de todos los actores políticos.
El uso indebido de recursos públicos para favorecer al candidato oficialista, Nicolás Maduro, es otro tema crítico señalado en el informe. La práctica del clientelismo, que incluye la distribución de alimentos y beneficios a cambio de votos, distorsiona la voluntad popular y compromete la integridad del proceso electoral. Este uso desproporcionado de recursos estatales va en contra de los principios de equidad y compliance, perpetuando un ciclo de corrupción y abuso de poder que erosiona la confianza en las instituciones públicas.
Además, la manipulación del registro electoral, especialmente en relación con la diáspora venezolana, constituye una violación grave de los derechos políticos. De los ocho millones de venezolanos que residen en el extranjero, solo el 1% tenía derecho a voto, excluyendo sistemáticamente a millones de ciudadanos del proceso electoral. El compliance electoral exige que todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación, tengan acceso a mecanismos para ejercer su derecho al voto, un principio que fue claramente violado en las recientes elecciones.
Finalmente, la libertad de expresión y el derecho a la información, elementos esenciales de la democracia, han sido gravemente atacados durante el proceso electoral en Venezuela. El informe documenta hostigamiento judicial, detenciones arbitrarias y censura hacia periodistas y medios de comunicación que cubrían las elecciones, impidiendo a la ciudadanía acceder a información veraz y oportuna. Este control sobre la información no solo viola principios éticos fundamentales, sino que también atenta contra el derecho de los ciudadanos a participar informadamente en el proceso democrático.
En conclusión, la situación electoral en Venezuela evidencia un grave incumplimiento de los principios de ética y compliance, minando la legitimidad del proceso y debilitando los cimientos de la democracia. Para restaurar la confianza en el sistema electoral, es imperativo adoptar medidas que garanticen la transparencia, equidad y participación de todos los ciudadanos, asegurando así el verdadero reflejo de la voluntad popular.
