La selección nacional de fútbol, conocida desde la era de Richard Páez como «La Vinotinto,» está envuelta en una serie de situaciones que reflejan la naturaleza represiva de un régimen temeroso de cualquier manifestación ciudadana tras los eventos del 28 de julio. Entre los casos más preocupantes está el del padre de John Chancellor, defensa central de La Vinotinto con experiencia en ligas de Italia, Brasil y ahora en Ecuador, quien se encuentra detenido por haber participado en las protestas que surgieron luego del evidente fraude cometido por el régimen en las últimas elecciones presidenciales.
Curiosamente, Chancellor no ha sido convocado nuevamente a los partidos de eliminatorias por el director técnico Fernando Baptista. Esta decisión parece alineada con una estrategia de complacencia hacia Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), conocido por sus estrechos lazos con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Este tipo de componendas no es nuevo en el régimen de Nicolás Maduro, donde se privilegia la lealtad política por encima del mérito deportivo.
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Fuentes desde Caracas señalan que entre Giménez y Baptista, un entrenador con un currículum bastante limitado, existe un acuerdo encubierto que explica su salario de 3 millones de dólares anuales, una cifra desproporcionada para un técnico sin experiencia destacada. Para ponerlo en perspectiva, ese salario está reservado para técnicos de la talla de Marcelo Bielsa (actual entrenador de Uruguay) o Ricardo Gareca (dirigiendo a Chile), quienes han demostrado su capacidad en competencias mundialistas. Baptista, por el contrario, solo había dirigido a la selección sub-20 de Argentina antes de su llegada a Venezuela, sin experiencia previa en clubes de renombre ni en torneos de alto nivel.
En paralelo, la ilusión del país por clasificar por primera vez a un Mundial parece verse opacada por la manipulación del régimen en torno a La Vinotinto. Mientras la FIFA ha aumentado los cupos para la Conmebol a seis plazas directas y una para repechaje para el torneo de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, la FVF ha adoptado medidas restrictivas para controlar a la afición. De las 48 mil entradas disponibles para los próximos encuentros, solo 8 mil estarán a la venta para el público general, mientras que las 40 mil restantes serán distribuidas entre alcaldías, gobernaciones del Oriente del país y otras entidades públicas, bajo la estricta vigilancia del Sebin y otras fuerzas militares.
Este escenario evidencia cómo La Vinotinto está secuestrada por la dictadura madurista, que no solo utiliza el fútbol como herramienta de control social, sino que además teme cualquier muestra de descontento que pueda poner en evidencia su debilidad ante la opinión pública nacional e internacional.
