Una operación de la Guardia Civil, llevada a cabo en coordinación con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, ha resultado en la detención de Víctor Aldama, uno de los principales implicados en la trama del caso Koldo. Aldama ha sido arrestado por su supuesta participación en una red criminal dedicada al fraude de hidrocarburos, la cual habría defraudado a Hacienda 182 millones de euros en solo dos años, según fuentes de la investigación. Con información de El País.
Durante la operación se realizaron 14 detenciones y 11 registros en domicilios y sedes de empresas ubicadas en varias provincias españolas, especialmente en Madrid, Salamanca y Cáceres. Entre los arrestados también se encuentra Claudio Rivas, empresario vinculado al sector de los hidrocarburos, según fuentes cercanas al caso.
El Ministerio Público ha calificado esta intervención como una “importante operación policial” dirigida contra una organización criminal con una estructura altamente compleja. Esta red utilizaba entramados societarios para ejecutar fraudes contra la Hacienda Pública y para blanquear el dinero obtenido ilícitamente. Según la Fiscalía, la combinación de una actividad en un sector legal como el de los hidrocarburos con los millonarios beneficios obtenidos en periodos de tiempo muy cortos ha permitido a esta organización posicionarse en esferas de poder, facilitando la corrupción de funcionarios públicos.
Jorge Giménez, testaferro de Delcy Rodríguez, involucrado en el caso Koldo
El Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional dirige las diligencias, que han sido declaradas secretas, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. La investigación continúa en curso mientras se examinan los posibles vínculos de esta red con otras actividades ilegales.
Víctor Aldama, quien también es presidente del Zamora Club de Fútbol, enfrenta además una investigación por su presunta participación en el caso Koldo, una red de corrupción que operó durante la pandemia. Esta trama buscaba obtener contratos públicos para el suministro de mascarillas mediante el pago de comisiones ilegales, en uno de los momentos más críticos de la emergencia sanitaria.
La magnitud de este fraude y su conexión con sectores estratégicos como los hidrocarburos y la contratación pública, vuelve a poner en evidencia la facilidad con la que organizaciones criminales se infiltran en estamentos económicos y políticos, erosionando la confianza en las instituciones.
