El abogado chileno Claudio Grossman, reconocido especialista en derechos humanos y asesor del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, presentó su renuncia tras denunciar la falta de acción contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Según informó la agencia Associated Press (AP), Grossman tomó esta decisión al considerar que su ética no le permite guardar silencio frente a la inacción del tribunal con sede en La Haya.
En un correo electrónico filtrado y revisado por AP, Grossman señaló que ya no podía justificar la ausencia de medidas firmes contra quienes han perpetrado graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. “Ya no puedo justificar la elección de no tomar las medidas serias correspondientes contra los autores de las graves violaciones”, escribió el abogado al rechazar una oferta para continuar como asesor especial.
Presiones sobre el fiscal de la CPI
La renuncia de Grossman se produce en un momento en que la fiscalía de la CPI enfrenta crecientes críticas por su aparente lentitud en avanzar con la investigación abierta hace tres años sobre las violaciones cometidas por el régimen de Maduro. Esta situación ha generado cuestionamientos tanto dentro como fuera de Venezuela, donde las víctimas y sus representantes han exigido mayor celeridad en la búsqueda de justicia.
El propio fiscal Khan ha sido objeto de controversias, incluyendo acusaciones de mala conducta y posibles conflictos de interés relacionados con su cuñada, quien ha trabajado como abogada para el régimen venezolano en audiencias previas ante la CPI. A pesar de estos señalamientos, Khan afirmó recientemente que no existen fundamentos para descalificarlo y que continúa investigando activamente la situación en Venezuela.
La urgencia de actuar
La falta de avances concretos en la investigación ha llevado a líderes opositores venezolanos, como María Corina Machado y Edmundo González, a enviar cartas a la CPI exigiendo respuestas inmediatas. “Lo que está en juego es la vida y el bienestar de los venezolanos”, señalaron, advirtiendo que la inacción del tribunal podría comprometer su credibilidad internacional.
Asimismo, organizaciones como Human Rights Watch han destacado la importancia de que la CPI actúe con contundencia, dada la impunidad generalizada y la falta de independencia judicial en Venezuela. “La CPI es la vía más viable para la justicia”, afirmó Juan Papier, subdirector para las Américas de la organización.
Crímenes bajo la lupa
La investigación de la CPI abarca casos de detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos cometidos por fuerzas de seguridad del régimen venezolano. Según reportes recientes, más de 2.000 personas fueron arrestadas y al menos 20 murieron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, marcadas por acusaciones de fraude y represión.
Con la renuncia de Grossman, la presión sobre la CPI aumenta para que concluya su investigación y emita órdenes de detención contra los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, incluido el propio Nicolás Maduro. La comunidad internacional y las víctimas siguen a la espera de un avance decisivo en el camino hacia la justicia.
