La Audiencia Nacional de España ha sentenciado al exembajador en Venezuela, Raúl Morodo, a 10 meses de prisión, y a su hijo, Alejo Morodo, a dos años, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. Ambos reconocieron su participación en una trama para eludir el pago de impuestos, utilizando una red de sociedades interpuestas para ocultar ganancias obtenidas de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA). Con información de El País.
El caso gira en torno a los servicios de asesoría legal y consultoría internacional que Alejo Morodo prestó a PDVSA entre 2007 y 2014, después de que su padre finalizara su cargo como embajador durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Según la investigación, estas asesorías, canalizadas a través de dos empresas, reportaron ingresos de 6.6 millones de euros, a pesar de que no consta evidencia de la prestación efectiva de los servicios.
Alejo Morodo pactó con dos ministros chavistas sus comisiones de PDVSA
Para reducir su carga tributaria, Alejo Morodo estructuró un sistema en el que estas ganancias se declaraban bajo el Impuesto de Sociedades, menos oneroso que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Parte de estos fondos terminaron integrándose en el patrimonio personal de Raúl Morodo, quien también los ocultó al fisco español.
La sentencia condena a ambos por delitos contra la Hacienda Pública. Este fallo subraya las implicaciones legales del uso de estructuras societarias fraudulentas y el desvío de recursos de empresas estatales extranjeras. El caso también resalta cómo las relaciones políticas y empresariales internacionales pueden derivar en esquemas de evasión fiscal.
Esta condena cierra un capítulo que evidencia la vinculación de figuras políticas y empresariales españolas con actividades ilícitas relacionadas con PDVSA, en un momento crítico para la empresa venezolana, históricamente marcada por casos de corrupción.
