La política de “paz total” del presidente Gustavo Petro enfrenta su momento más crítico. Los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla activa más grande del país, se encuentran suspendidos desde el 17 de enero debido a la creciente violencia en el Catatumbo, una región clave en la frontera con Venezuela. Los enfrentamientos entre grupos armados han dejado decenas de muertos, secuestrados y miles de desplazados, generando una crisis humanitaria que pone a prueba la capacidad del gobierno colombiano para controlar la situación. Con información de la BBC.
Ante la gravedad de los hechos, el presidente Petro anunció el 20 de enero la declaración de un estado de conmoción interior y emergencia económica, a la espera de la aprobación de la Corte Constitucional. Sin embargo, esta crisis no es exclusiva del Catatumbo: otras regiones como Cauca, Guaviare, sur de Córdoba, el Magdalena Medio y Cesar también han sido escenario de un repunte de la violencia, lo que sugiere una implosión de la estrategia de pacificación del gobierno. Analistas advierten que la pérdida de control sobre estos territorios podría erosionar aún más la legitimidad del proyecto de paz de Petro.
Uno de los principales desafíos para el gobierno es evitar la ruptura definitiva de los diálogos con el ELN, pues un colapso total del proceso de paz podría significar un fracaso político irreparable. Al mismo tiempo, cualquier acuerdo con la guerrilla pasa por la mediación de Venezuela, país donde el ELN se ha consolidado en los últimos años y que juega un papel clave en el equilibrio de poder en la región. La relación entre Petro y el régimen de Nicolás Maduro ha sufrido un deterioro significativo desde que Colombia se negó a reconocer la toma presidencial de Maduro tras las elecciones del 28 de julio.
La expansión del ELN en la frontera con Venezuela es una de las mayores preocupaciones de seguridad para Colombia. Según expertos, la guerrilla ha fortalecido su estructura en ese territorio, consolidando su presencia en economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Además, la conexión con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha sido documentada en múltiples informes, lo que refuerza la tesis de que el ELN actúa como un actor binacional con el respaldo del régimen venezolano.
La suspensión de los diálogos con el ELN es un golpe significativo para la paz total de Petro. A medida que se acerca el proceso electoral de 2026, la falta de avances en materia de seguridad podría debilitar aún más su mandato y abrir la puerta a un cambio de estrategia que priorice una política de seguridad más agresiva. Mientras tanto, la violencia continúa escalando y la incertidumbre se profundiza en Colombia, dejando en evidencia los límites de la apuesta del gobierno por una salida negociada al conflicto armado.
