El ministro de Justicia, Comercio e Industria de Gibraltar, Nigel Feetham, ha viajado a Bruselas para impulsar la salida del Peñón de la lista de territorios de alto riesgo para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de la Unión Europea (UE). A pesar de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó a Gibraltar en su lista blanca en febrero de 2024 tras una evaluación positiva, la UE aún no ha actualizado su propia lista, manteniendo al territorio en la categoría de alto riesgo.
Feetham se ha reunido con altos funcionarios europeos, incluido John Berrigan, director general de Estabilidad Financiera de la Comisión Europea, para presentar los avances de Gibraltar en materia de cumplimiento normativo. Entre las medidas implementadas destacan el fortalecimiento del marco legislativo, la introducción de leyes para la confiscación de activos, el aumento de recursos para la aplicación de la ley y la cooperación con organismos internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El gobierno de Gibraltar ha expresado su frustración ante la falta de acción por parte de la UE, señalando que la no ratificación de la exclusión del Peñón de la lista en abril de 2024 no se basó en criterios técnicos, sino en factores políticos. Desde entonces, el proceso de actualización ha sido retrasado por las elecciones europeas y la formación de la nueva Comisión, que asumió funciones en diciembre de 2024.
Durante su estancia en Bruselas, Feetham también sostuvo un encuentro con el embajador del Reino Unido ante la UE, Lindsay Croisdale-Appleby, para reforzar la postura de Gibraltar en este proceso. El gobierno del Peñón reiteró su compromiso con la transparencia fiscal y el cumplimiento de las regulaciones internacionales, subrayando su determinación de colaborar con las instituciones europeas para corregir lo que considera una injusta permanencia en la lista de alto riesgo.
Gibraltar confía en que su salida de la lista de la UE se materialice en los próximos meses, una vez que las autoridades europeas reconozcan los esfuerzos y compromisos asumidos por el territorio en materia de prevención de delitos financieros.
